Los hipermercados mantienen una deuda cercana al billón de pesetas con la industria alimentaria

Una comisión interministerial formada por altos cargos de los departamentos de Economía, Industria y Agricultura estudia la política de compras con pagos aplazados que llevan a cabo en España tanto las grandes superficies como las centrales de compra, con la posibilidad legal de adoptar medidas encaminadas a modificar el sistema actual. Esta comisión fue constituida a instancias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante las peticiones provenientes especialmente de la industria alimentaria que ve en los pagos aplazados -que se acercan ya al billón de pesetas- una grave amenaza para sus posibilidades de competitividad al aumentar fuertemente sus gastos financieros.

En medios de la industria agroalimentaria no se tiene excesiva confianza en que esta Comisión proponga medidas concretas para modificar la actual política de compras ante la oposición que mantendría el Ministerio de Economía. Esta desconfianza en los resultados de la Comisión interministerial ha provocado que a instancias de grupos del sector agroaolimentario se hayan presentado diferentes iniciativas en el Parlamento.El ministro de Agricultura, Pedro Solbes, respondiendo a esta preocupación en aumento de la industria agroalimentaria ha mantenido también una reunión con los responsables de varias de las principales grandes superficies que operan en España como Pryca, Alcampo, Continente y el Corte Inglés. El titular de Agricultura se habría limitado simplemente a sugerir a los responsables de estas entidades una menor dureza en su política de compras a la industria agroalimentaria y al sector agrario. Frente a las posiciones de los indutriales que abogan por un sistema de control, en medios de la Administración domina la filosofía de que se trata de una actividad de mercado libre que no habría porqué regular.

Pagos aplazados

Responsables de industria alimentaria, que rechazan hacer pública su identidad por miedo a represalias a la hora de ofrecer sus productos a las grandes superficies o centrales de compras, señalan que el aplazamiento en los pagos es el problema más importante que está afectando negativamente a los resultados de este sector. Medios industriales han señalado, además, que a medida que han arreciado las críticas contra esta política de compras, algunas grandes superficies han endurecido aún más sus condiciones.Actualmente, España es uno de los países de la CE donde las grandes superficies y las centrales de compras pagan con el mayor retraso, en torno a los 90 días, aunque, si se tienen en cuenta otra serie de retrasos, la media se podría situar en torno a los 120 días. Esto supone para el sector agroalimentario español unas deudas permanentes cercanas al billón de pesetas, lo que para muchas industrias del sector equivale, prácticamente, al 50% de sus ventas, especialmente en las diferentes conservas. Este aplazamiento de pago significa un grave encarecimiento de los gastos financieros de las empresas que dificultan aún más sus posibilidades para competir en el mercado.

Peligro y preocupación

Por otra parte, existe preocupación en las empresas ante las consecuencias que acarrearía un problema de pagos en una de estas grandes superficies que podrían poner en peligro el propio funcionamiento de cientos de empresas.Los problemas en los aplazamientos de pago que actualmente repercuten negativamente sobre las industrias, ya han comenzado a afectar a los agricultores y ganaderos, que cobran en ocasiones leche o materias primas para conservas a 60 o 90 días.

En Francia, donde los pagos de la gran distribución son también muy largos y cuyo modelo de grandes superficies ha sido el implantado en España, a instancias de propio Gobierno se han debatido varios proyectos de Ley encaminados a reducir los periodos de pago. La industria agroalimentaria española pretende que se haga algo similar en España para reducir la presión de estas casdenas de distribución y limitar también sus posibilidades de riesgo.