Suiza y la CE

En el editorial El islote impenetrable (30 de mayo) se decía que Suiza, "en uno de esos referendos a que tan aficionados son los helvéticos", había decidido solicitar el ingreso en la Comunidad Europea (CE). No es así. Un lector que ha seguido atentamente las informaciones publicadas por EL PAÍS señala que no ha habido tal referéndum. Lo que ha ocurrido es que, el 26 de mayo último, el Consejo Federal (Gobierno colegiado suizo) formalizó la petición de ingreso en la CE.Para entablar las negociaciones no será obligatorio que los suizos se pronuncien en referéndum, pero sí será necesario que lo hagan favorablemente para que se produzca el ingreso. Lo que ha ocurrido es que el 17 de mayo último la ciudadanía suiza ha votado, con resultados afirmativos, la incorporación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Esta respuesta positiva a la consulta es precisamente lo que ha animado a Berna a solicitar la entrada en la CE. El editorialista reconoce que se equivoco porque creyó que el referéndum del 17 de mayo había incluido el ingreso en la Comunidad. "Tiene toda la razón el lector", reconoce. Y lamenta el error.

Artículo cortado

Juan F. Jimeno y Luis Toharia, profesores de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares, han publicado en EL PAÍS una serie de dos artículos sobre el decretazo, en la que analizaban el mercado de trabajo español. La última entrega (19 de mayo) sufrió unos cortes en la Redacción. Los autores consideran que esas mutilaciones, que no les fueron consultadas, desvirtúan partes esenciales del trabajo. Los cortes afectaron a los últimos párrafos, que en cierto sentido venían a ser la conclusión respecto a la necesidad de lograr la convergencia con los países más avanzados de Europa para conseguir el bienestar social. Las ideas que exponían quedaron truncadas parcialmente. Por ejemplo, respecto al objetivo final para, alcanzar la convergencia real, decían que era necesario un crecimiento económico sostenido superior al de dichos países, pero matizaban que esto no quiere decir "que se ha de construir una Europa social desde arriba basada en un Estado de bienestar trasnochado y en la que los mecanismos de protección social han de ser exactamente iguales en todos los países". Estas líneas entrecomilladas se cortaron.

Señalaban también que el empleo debe crecer en 2,5 millones de personas para que la tasa de paro converja hacia niveles europeos, y añadían -pero se cortó- que la convergencia real "requiere, ante todo, el cumplimiento de los criterios marcados por el Tratado de Maastricht y que se conocen con la denominación de convergencia nominal. Ésta es una tarea muy ardua y es necesario el sacrificio de todos los grupos sociales para cumplirla. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el fracaso tendría consecuencias imprevisibles".

Aludían asimismo a la necesidad de un cambio de actitudes de los agentes sociales (los sindicatos no pueden seguir rechazando su parte de responsabilidad en el ineficiente funcionamiento del mercado de trabajo, decían), pero agregaban -y no fue publicado-,que, "por otra parte, el Gobierno ha de diseñar una política económica que no tenga los costes que lleva consigo la confrontación con, los sindicatos y otros grupos sociales importantes, y no debería responder con provocaciones de mayor o menor calibre".

El artículo señalaba, finalmente, que el decretazo seguramente reducirá o contendrá el gasto del Inem en prestaciones por desempleo, aunqué sea discutible en qué medida paliará el problema del paro. Y concluía con esta frase que, igualmente, se cortó: "Su adopción, sin el consenso sindical, no va a ayudar al clima de paz social necesario que exige la convergencia con Europa. La intransigencia sindical, tampoco".

En la sección de Economía, donde se produjeron los cortes, admiten que éstos "no fueron acertados" y podían "cambiar el sentido de ciertas afirmaciones". ¿Qué obligó a afeitar precisamente los párrafos finales? Lo que ocurrió fue originado por un cambio imprevisto -y al cierre de la edición- en la publicidad que llevaba la página y que afectaba a la extensión del artículo. "Ello significó que el ajuste sólo pudo aplicarse en la segunda parte del texto". Admiten también en Economía que debió avisarse a los autores. Como está mandado. Pero no se hizo.

Americio

Koro Castellano publicó en El País Semanal (31 de mayo) seis semblanzas bajo el título Ser ecologista en España. En la del conquense Ladislao Martínez, portavoz de la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), contaba que ésta "ha conseguido, entre otras cosas, eliminar los pararrayos radiactivos". Valentín González, director de comunicacion de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), la responsable de retirar dichos pararrayos, asegura que no es así: esta compañía no ha podido hacerlo precisamente "por las presiones en contra de las gestiones de algunos grupos ecologistas, particularmente Aedenat". Se refiere a la oposición inicial de esos grupos al establecimiento de almacenes o depósitos de americio, el elemento radiactivo de los pararrayos, en diversos lugares. Esto ha retrasado la recogida de los aparatos. A este respecto, Ladislao Martínez manifiesta que, desde la publicación del decreto que establece que sea el Estado el encargado de la retirada de los pararrayos, Aedenat no se ha opuesto a su almacenamiento, aunque sí ha exigido garantías de que los recintos que se construyan al efecto no se amplíen para guardar otro tipo de residuos radiactivos.

Los problemas del almacenaje indefinido del americio, explica Valentín González, están siendo ahora paliados en parte por la utilización de ese elemento en otros aparatos como, por ejemplo, los marcapasos. Un aprovechamiento beneficioso.

Por su parte, Koro Castellano matiza la frase "ha conseguido, entre otras cosas, eliminar los pararrayos radiactivos". "Debería haber puesto eliminar la instalación de pararrayos... ".

El teléfono directo del Ombudsman es el 304 28 48.