El Gobierno combatirá la sequía con un plan que cambiará los cultivos y subirá el precio del agua

El Plan Hidrológico Nacional, la medida más ambiciosa puesta en marcha por el Gobierno para combatir la sequía, transformará radicalmente el sistema nacional del aprovechamiento del agua. Su puesta en marcha, prevista para el otoño, obliga a una redistribución de los recursos hidráulicos -es decir, a los trasvases de agua de unas comunidades autónomas a otras-, al cambio de los cultivos en determinadas zonas y a un encarecimiento general en el precio del agua. Este plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone también frenar la extracción de los pozos subterráneos en Levante y Almería, instalar depuradoras en las localidades de más de 2.000 habitantes y transformar 250.000 hectáreas de secano en regadío en 10 años.

Dada su envergadura, el Plan Hidrológico Nacional precisa de un pacto de Estado, de un consenso político general, para llevarlo a cabo. Así lo manifiesto el pasado miércoles en el Congreso el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell. El plan se encuentra en sus últimas fases de redacción y estará listo para el mes de julio, tal como se ha comprometido el ministro. El coste del plan se evalúa en dos billones de pesetas, parte de los cuales se financiarán con recursos extrapresupuestarios, y tiene un plazo de aplicación gradual hasta el año 2010.A partir de mañana, los residentes en Castilla y León, Andalucía y toda el área de la Comunidad Valenciana tendrán elementos de discusión para dos meses. Las planes de las cuencas del Duero, Guadalquivir y Júcar se exponen a información pública en todas las capitales de provincias por donde discurren estos ríos y sus afluentes. El día 8 harán lo propio los correspondientes a las cuencas del Norte, Ebro, Guadiana y Sur. Durante dos meses los afectados o interesados podrán presentar alegaciones a los planes de aprovechamiento y reparto de los recursos de cada cuenca. Pasado este trámite, el Gobierno aprobará el plan definitivo con rango de decreto-ley.

Las polémicas que surjan en el ámbito local por las repercusiones de estos planes serán un pálido apunte de las que provoque, el Plan Hidrológico Nacional, que saldrá en julio, con un retraso de más de dos años sobre lo anunciado.

El plan del Gobierno parte de un dato difícil de creer en un año castigado por la sequía: en España hay agua más que suficiente. En la declaración de principios, se fija como objetivo satisfacer las necesidades de agua durante los próximos 10 y 20 años, mediante la regulación de los recursos propios de cada cuenca en un proceso de reequilibrio hidráulico.

El tratamiento de las aguas subterráneas y la regulación del uso de los acuíferos conllevará su aprovechamiento en zonas poco explotadas como son las de la meseta norte en la cuenca del Duero. También se pondrá fin al proceso continuado de esquilmación de los acuíferos 23 y 24 (Tablas de Daimiel en Ciudad Real y parte de Albacete), y los de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

Abandono de cultivos

"En la medida en que la recuperación de estos acuíferos exija abandonar los cultivos habrá que buscar compensaciones o liberar recursos de otras fuentes", afirma Adrián Baltanás, director general de Obras Hidráulicas.

La financiación del plan, con un coste estimado de dos billones de pesetas, establece por primera vez mecanismos extrapresupuestarios que ayuden a las disponibilidades públicas. El Plan incluye también, según dijo el ministro de Obras Públicas y Transportes José Borrel, convertir a las "añejas y seculares" Confederaciones Hidrográficas, "de las que estamos descontentos respecto a su capacidad de gestión", en agencias o entes públicos con poderes para administrar sus recursos, al margen de los presupuestos.