Vic, un año después de la matanza

Vic no ha olvidado la tarde del 29 de mayo de 1991. La memoria colectiva tiene grabada en la retina las atroces escenas que aturdieron a la población cuando un atentado de ETA alejó de su vivienda por más de un año a 34 familias y segó la vida de nueve personas, cuatro de ellas niñas. Aquella tarde de horror está aún presente en la vida de quienes vivieron de cerca la matanza causada por los etarras Juan Félix Erezuma y Joan Carles Monteagudo -muertos dos días después en un tiroteo con la Guardia Civil- al deslizar un coche bomba hacia el patio de la casa cuartel, donde jugaban numerosos niños. La mitad de los afectados por este atentado recibe todavía tratamiento psicológico. Los vecinos recordaron el viernes esa matanza y se concentraron en silencio ante el solar que ocupaba la casa cuartel.

En los servicios de psicología y psiquiatría de la clínica L'Aliança de Vic, localidad situada a unos 70 kilómetros al norte de Barcelona, se continúa atendiendo a las personas que resultaron afectadas más directamente por la explosión del coche bomba. Los síntomas más generalizados que los médicos observan en los pacientes son, además de "una actitud tremenda de miedo y depresión", un cambio en el equilibrio sociológico y el recuerdo constante de las imágenes del suceso. Son las imágenes de cualquier atentado vistas en la televisión las que "me lo retornan todo a la memoria", explica el guardia José Gálvez Barraga. Estaba en la oficina del cuartel cuando ocurrió el atentado, y asegura que no recuerda haber oído la explosión. Gálvez se levantó de entre los escombros cubierto de polvo y con múltiples heridas en el cuerpo. Los lamentos de Isabel Porras, que tenía nueve años, le situaron, explica, "en la triste realidad". La cogió en brazos y salió corriendo buscando una ambulancia. Isabel perdió el pie izquierdo. Su hermana Ana, un año mayor que ella, murió en el acto.

Una mirada

En su nuevo piso, emplazado a pocos metros de donde estaba el cuartel -que es hoy un solar propiedad del Estado cuyo destino es una incógnita-, y con sus muletas, Isabel recibe ahora a menudo la visita de su amigo Gálvez: "Apenas hablamos, sólo con una mirada nos comprendemos", explica el guardia. Teodoro Porras, otro de los guardias civiles que vivía en el cuartel y que sigue residiendo en Vic, no quiere hablar con los periodistas. Dice que nada se arreglaría. Se lamenta de que ha pasado un año y de que en la Administración nadie se ha ocupado de sus problemas. Repite que no quiere decir nada y su amargura refleja desengaño y una cierta desesperanza. Isabel, su hija, hace una vida casi normal. Va a la escuela con muletas, pero la amputación del pie y una operación posterior le han causado muchísimas molestias psíquicas. En casa no se habla del atentado, explica su padre, "pero flota en el ambiente". "En unos minutos", asegura, "me rompieron toda la familia". Cierra sus palabras diciendo que los autores de¡ atentado tuvieron el castigo que merecían.

En el edificio número 29 del paseo de la Generalitat de la ciudad de Vic, sede de la casa cuartel, vivían 14 familias de guardias civiles, 13 hombres, 14 mujeres y 22 niños. Ahora, al cabo de un año, sólo tres de aquellos agentes permanecen en la ciudad. Unos han sido trasladados, otros pidieron cambio de destino y un guardia y su esposa murieron en el atentado.

Pero la explosión afectó también a otras viviendas colindantes con el cuartel. Frente al cuartel, por el lado de la calle de Andreu Fabré, un bloque de pisos habitado por 17 familias resultó seriamente dañado, y hace solamente unos pocos días han comenzado las obras de rehabilitación, que está previsto que se terminen a principios de 1993. Mientras tanto, los vecinos se lamentan de que habrán estado casi dos años viviendo de prestado y de que además tendrán que pagar el 10% del coste de la rehabilitación, calculado en más de 70 millones de pesetas.