Los médicos reclaman normas de asistencia para defenderse de las demandas judiciales

En los últimos seis años, 1.275 de los 19.000 facultativos inscritos en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona han sido objeto de una reclamación judicial relacionada con su práctica asistencial, lo que implica que aproximadamente uno de cada 100 médicos se ve envuelto en un proceso; la mayoría de lasveces, pena]. El incremento de reclamaciones judiciales ha provocado una creciente inquietud entre los médicos. Para lograr una mayor seguridad jurídica frente a una eventual demanda, médicos, juristas y gestores reclamaron ayer protocolos asistenciales que establezcan el procedimiento considerado correcto en cada proceso terapéutico.

Los protocolos asistenciales son normas internas en las que se especifica cuál es la actuación más indicada en cada patología, de acuerdo con los medios técnicos disponibles y el conocimiento científico del momento. Un protocolo sobre atención al parto, por ejemplo, debe establecer en qué casos está indicado practicar una cesárea y en cuáles no. Ginecología y obstetricia son las especialidades que mayor cantidad de demandas provocan, seguidas de traurnatología. En estos momentos, algunas especialidades trabajan con protocolos Fijados por las respectivas sociedades médicas, pero no todos los hospitales las siguen y queda una gran parte de la asistencia por definir. El 70% de las demandas se refiere a asistencia médica hospitalaria.

El primero en reclamar protocolos y normas organizativas que garanticen la calidad asistencial fue Francesc Moreu, gerente del área de Costa de Ponent, a la que pertenece la ciudad sanitaria de Bellvitge (Barcelona), donde se celebró el acto. La implantación de estos protocolos serviría, según Moreu, "para determinar la pericia o impericia de una actuación médica de acuerdo con unas normas que la institución asumiría como propias". Los gestores asumirían también su parte de responsabilidad por la práctica asistencial, que a efectos jurídicos recae ahora fundamentalmente sobre los médicos, cuando muchas veces la mala praxis se debe a carencias que no les son imputables.

Seguridad para el usuario

También el catedrático de Medicina Legal Manuel Rodríguez Pazos abogó por estas normas y aconsejó a los médicos cuidar más las historias clínicas, haciendo constar en ellas todas las incidencias. Jesús Gutiérrez Morlote, director general de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Sanídad, se mostró partidario días atrás, en declaraciones a este diario, de ¡Implantar protocolos con una doble finalidad: determinar qué prestaciones son necesarias para una correcta atención santaria y ofrecer seguridad jurídica frente a las demandas judiciales. Gutiérrez Morlote plantea una visión de los protocolos más equitativa de lo que ayer emergió en el debate de Bellvitge, pues nadie hizo referencia a los derechos de usuarios. De hecho, los protocolos pueden ser útiles para los médicos, pero también benefician a los pacientes, pues grac,¡as a ellos pueden conocer cuándo se ha producido una mala práctica y disponer de las pruebas necesarias.

Tanto Rafael Núñez como Josefina Hurios, abogados defensores de varios demandantes por mala praxis médica, se quejan de que muy pocas demandas concluyen en una sentencia condenatoria, precisamente por la dificultad de obtener pruebas en contra del médico.

Así lo corroboró ayer indirectamente el magistrado de la Audiencia de Barcelona Lluís Pasqual Estivill, quien tranquilizó a los médicos indicando: "Los magistrados nos lo pensamos mucho antes de condenar a un médico, pues sabemos la importante labor social que cumplen. De hecho, la mayoría de las demandas son archivadas".

Algunos participantes se mostraron catastrofistas y llegaron a decir que el incremento de demandas revela una ruptura en la relación médico-paciente. Gutiérrez Pazos replicó que muchas de las que se presentan en España no llegarían a producirse si el paciente recibiera un trato más adecuado. Según él, en el 60% de demandas, los usuarios plantean serias deficiencias en la infomación. Hasta tal punto es importante esta cuestión que Jose Lluís Lafarga, director del área jurídica del Instituto Catalán de la Salud, afirma que los hospitales que abren un servicio de atencíón al usuario llegan a reducir a la mitad el número de demandas.