El juez llama a declarar al presidente del Banco de Santander por las cesiones de crédito

El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, ha citado a declarar como presuntos inculpados al presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y al consejero delegado, Rodrigo Echenique, en las diligencias previas que tiene abiertas a propósito de las operaciones de cesión de crédito de nuda propiedad (usufructo) realizadas a través del citado banco en distintos lugares de España, según fuentes de la Audiencia Nacional. Fuentes allegadas al banco declararon que únicamente hay discrepancias sobre 48 casos, de cantidades muy pequeñas, sobre una masa de más de 40.000 créditos, y afirmaron que "ni hay maquinación por parte de la dirección del banco, ni operación coordinada alguna, ni fraude fiscal, "ni las cesiones son un sistema ideado para blanquear dinero".

Un portavoz oficial del Banco Santander, consultado por este periódico, declaró lo siguiente: "El presidente de la entidad ha solicitado la máxima colaboración de todos con la justicia para aclarar las discrepancias técnicas que hayan podido existir con Hacienda, manifestando su disposición personal a actuar en el mismo sentido".Lo que se investiga son operaciones de cesión de créditos consistentes en la venta a terceros, por parte del banco, de créditos concedidos a particulares. La razón por la que el magistrado ha considerado pertinente citar a los directivos es que la inspección de Hacienda afirma haber registrado irregularidades en operaciones de este tipo realizadas por oficinas del Banco de Santander en diferentes lugares de España.

Ese hecho, unido a la declaración de un ex directivo del banco en Sevilla, ha hecho pensar a los responsables de la investigación que las cesiones de crédito no se efectuaban por iniciativa de los directores de cada sucursal, sino que respondían a una estrategia conjunta decidida en un alto nivel de responsabilidad dentro de la entidad financiera. Los delitos que se investigan son presuntas defraudaciones a la Hacienda Pública y falsedades documentales, según fuentes jurídicas.

Otras citaciones

Además del presidente y del consejero delegado, han sido también convocados a declarar otros 16 empleados del mismo banco, entre el 29 de mayo y el 18 de junio. Estas personas son miembros de la asesoría jurídica y fiscal de la entidad financiera, directores, interventores, apoderados y jefes de operaciones de oficinas de Madrid, Albacete, Santa Cruz de Tenerife y Logroño, entre otros. Cabe mencionar entre éstos a los abogados y asesores fiscales José Luis García-Mochales Correa, Ginés Navarro Fernández y Julio Banacloche, así como el director de operaciones de la oficina principal de Madrid, José Lino y García Villamar. El orden de comparecencias fijado por el juez Moreiras indica que tiene intención de interrogar al presidente del Banco Santander después de haberlo hecho con empleados y ejecutivos de menor responsabilidad dentro de la citada entidad. financiera.

Junto a los cargos del Banco han sido citados también a declarar seis titulares de contratos de cesión de crédito. El magistrado trata de comprobar la autenticidad de las operaciones y conocer la identidad real de las personas que figuran como suscriptores de las cesiones de créditos, ya que la mayoría de ellos no reflejó las operaciones en su correspondiente declaración de impuestos.

Las diligencias emprendidas por el juez de delitos monetarios tienen su origen en un informe del director general de la inspección de Hacienda al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda. Éste último puso el hecho en conocimiento inmediato del juzgado.

El informe elaborado por Hacienda se refiere a los ejercicios de 1987 a 1989, durante los cuales, el Banco Santander habría realizado unas 40.000 cesiones de crédito por valor de 400.000 millones de pesetas, para las que, en algunos casos, se han utilizado personas interpuestas. La utilización de testaferros en estas operaciones habría convertido en opaca la identidad de los últimos compradores.

Fuentes allegadas al Banco Santander explicaron que con motivo de las cesiones de créditos, el Santander y Hacienda mantuvieron discrepancias técnicas que ya están en vías de superación. Según las mismas fuentes las discrepancias estaban en si el banco debía o no entregar la lista global de titulares de créditos cedidos o sólo caso por caso, los que le fueran demandados; según la inspección de Hacienda se han observado presuntas irregularidades en 48 casos, de una masa de créditos cedidos de más de 40.000. "Estos casos son de una cuantía muy pequeña", afirman las fuentes cercanas al banco: "En cuanto al alcance tributario de las cesiones no existe posibilidad de defraudación por parte del banco puesto que la cesión está muy definida en el ordenamiento, es legal. Estas cesiones, que tuvieron su auge en 1987, 1988 y parte de 1989 perdieron volumen a causa de una circular del Banco de España que afectaba dichas operaciones al coeficiente de caja y como consecuencia del nuevo régimen fiscal, que las sometía a retención. En definitiva, perdieron atractivo".

Por último, los informantes fueron tajantes: "No hay manquinación alguna parte de la dirección del banco, no hay ninguna operación coordinada, no hay fraude fiscal ni es un sistema ideado para blanquear dinero negro.

Las discrepancias con Hacienda son meramente técnicas como prueba el que la inspección no haya levantado ningún acta ni expediente sancionador alguno al Santander".

Asesores fiscales conocedores del informe de Hacienda confirmaron esta versión: se trata de cesiones de crédito que en el momento de realizarlas eran legales y que no hay acusación alguna de delito contra ningún directivo del Santander; el asunto se basaba en una queja por negarse el banco a dar cierta información, pero se ha ido resolviendo en la medida en que esta información está siendo aportada.