A España le asusta una CE ampliada
Profunda división entre los Doce ante el inminente ingreso de nuevos socios
El ingreso de nuevos socios en la Comunidad Europea (CE), en particular los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), es considerado "un hecho inevitable" por los Gobiernos de los Doce. Sin embargo, diversos informes confidenciales reflejan la profunda división en la CE sobre la estrategia a seguir, las fronteras de la futura Europa y las consecuencias de la adhesión en la construcción europea. La posición del Gobierno es que "España debería mantenerse al margen de una batalla que puede ser feroz".
El Gobierno español pretende enarbolar la bandera de la neutralidad ante una batalla, la de la inminente ampliación de la Comunidad Europea (CE), que "puede ser feroz y producir heridas que tarden muchos años en cicatrizar". "España debería mantenerse al margen", se agrega en un documento de nueve páginas remitido por la Secretaría de Estado para la CE a los dos comisarios españoles (Manuel Marín y Abel Matutes) con el objetivo de fijar y salvaguardar los intereses de Madrid. Una nota interna de la Célula de Prospectiva de la Comisión Europea da cuenta también de las conversaciones mantenidas con diversos responsables del Ministerio de Exteriores y del Departamento de Estudios de la Presidencia del Gobierno (Carlos Alonso Zaldívar y Andrés Ortega, en este último caso)."El feeling español sobre la ampliación", dice textualmente esta comunicación confidencial, "es que no se produce en el mejor momento para los intereses estratégicos españoles porque podría solidificar los puntos de vista nordistas (sic) en la Comunidad en relación a los intereses económicos (cohesión frente a libre competencia) y estratégicos (Mediterráneo frente al Este) de los países del sur de la CE y, especialmente, de los más periféricos".
La Secretaría de Estado para la CE tiene un enfoque pragmático de desmarque "ante los enfrentamientos que ya se dibujan en el horizonte", pero reconoce que no se podrá ser neutral siempre y habrá que decantarse "una vez que avancen los debates". El objetivo es "asegurar la profundización y la integración comunitaria, porque la experiencia de los últimos años nos ha demostrado que lo que es bueno para la Comunidad es también bueno para España".
La ampliación, según España, debe estar condicionada a la ratificación previa del Tratado de Maastricht y a la aprobación del dinero para la cohesión. Las otras prioridades son mantener el peso de España en las instituciones comunitarias, reforzar los mecanismos de compensación interestatal "en la Comunidad ampliada", mantener el español como lengua de trabajo y "asegurar la estabilidad y prosperidad del flanco sur, especialmente el Magreb".
El Forward Studies Unit (Unidad de Estudios Avanzados) de la CE ha hecho un balance detallado de las posiciones de todos las naciones. La única coincidencia es que los países candidatos de la EFTA deben pasar a ser socios sin problemas. La división surge a la hora de precisar el calendario y el número de candidatos de la primera ola de la ampliación. El punto de encuentro posible es que, si son tres (Austria, Suecia y Finlandia), no haría falta modificar las actuales instituciones, y, por tanto, el nuevo debate sobre más transferencias de soberanía podría esperar. La candidatura, este año, de Suiza y probablemente de Noruega lo complica. Los otros tres aspirantes oficiales (Malta, Chipre y Turquía) generan, o bien la tesis del aplazamiento sin fecha, o bien (en el caso turco) la de la adhesión imposible, suavizada con una cooperación creciente para anclarla en una posición europea. Turquía juega un papel de potencia media frente a Irán.
La Comisión Europea realizó un primer seminario de reflexión sobre la ampliación el 11 de mayo, que tendrá continuidad los próximos 3 y 17 de junio. El Ejecutivo de la CE tiene el encargo de presentar un informe en la cumbre de Lisboa a los jefes de Estado y de Gobierno. La confusión y las posturas divididas en el colegio de comisarios hacen entrever que se limitará a "evocar ciertos problemas institucionales sin mencionar su solución", según el acta de la primera reunión.
Jacques Delors limita ahora el acuerdo de Lisboa a la simple creación de un comité de representantes personales de los Doce o a un nuevo mandato a la Comisión para "proseguir el estudio de los problemas ligados a la ampliación". La tormenta que ha provocado en Dinamarca una de las alternativas a debate, transformar la Comisión en un verdadero Gobierno europeo, ha contribuido a echar el freno de mano. El Gobierno danés ha amenazado incluso con vetar la reelección de Delors para los dos próximos años.
La babel comunitaria
Nunca en su historia la CE había tenido una lista de espera tan larga. Los candidatos oficiales al ingreso son seis (Austria, Suecia, Finlandia, Malta, Chipre y Turquía), a los que se añadirán pronto Suiza y quizá Noruega. Como el mensaje de la adhesión no puede ser exclusivo, la hipótesis con la que la Comisión Europea trabaja es la de una ampliación abierta a 18 países: cinco de la EFTA (todos menos Islandia y Liechtenstein), cuatro mediterráneos (Turquía, Malta, Chipre y, contadas de momento como una, las diferentes repúblicas yugoslavas), seis del Este (Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Albania) y las tres repúblicas bálticas (Letonia, Estonia y Lituania).Sin contar las repúblicas yugoslavas, esa Europa sin fronteras, con el esquema institucional actual, sería una Babel: 29 países, 149 votos en el Consejo, 36 comisarios y 933 eurodiputados. La Comisión Europea plantea varias alternativas al caos. Primero, reducir el número por país de eurodiputados y comisarios. La presidencia de la CE, además, debería ser asumida por un triunvirato de países, pero evitando la a coincidencia alfabética de tres muy débiles (Letonia, Lituania y Luxemburgo serían el a ejemplo extremo). También habría que reforzar el Gobierno de la CE y cambiar el y sistema de toma de decisiones de la mayo ría cualificada a la mayoría simple.
La gobernabilidad de la CE exige la res forma, pero, por un lado, los países pequeños se niegan a perder peso, y, por otro, los grandes argumentan -como refleja un informe español- que el 5,5% de la población comunitaria, que representan Suecia, Austria y Finlandia, no puede disponer del a 14,8% del poder de voto en el Consejo. La reforma institucional es el principal problema a resolver, porque lleva aparejado nuevas transferencias de soberanía, a las que se oponen el Reino Unido y Dinamarca.
La tesis de la Comisión es que la ampliación se haga por fases, y la negociación del ingreso, "caso por caso". Las condiciones de entrada son la convergencia económica, aceptar todo el derecho comunitario y el nuevo Tratado de Unión Europea.
Las lenguas oficiales (nueve actualmente) representan un factor nacional y psicológico añadido para una Comunidad con un servicio de interpretación mucho más caro y complejo que el de la ONU. Actualmente son necesarias 72 combinaciones de intérpretes para nueve lenguas. Con una CE ampliada a 17 países y 12 lenguas (se añadirían el sueco, el noruego y el finlandés) harían falta 132. Una CE de 33 países (34 al final, si se acaba reconociendo a Serbia-Montenegro y Macedonia) y 25 lenguas exigiría 600 combinaciones de equipos de intérpretes.
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