Grupos de juristas preparan medidas contra la Ley de Seguridad

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido al Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, las razones que avalan la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Corcuera, cuyo plazo concluye el 22 de mayo. La UPF responde a los deseos expresados por Gil-Robles a representantes de la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas -que integra a unos 2.000 magistrados, fiscales y abogados-, a quienes prometió estudiar este fin de semana las razones del posible recurso. La federación y otros colectivos preparan la defensa cívica contra la ley.

Gil-Robles explicó a los representantes de la federación que, en este caso, dada la preocupación que le suscita la ley Corcuera, el hecho de que haya sido recurrida por el PP y algunos órganos autonómicos no es óbice para que interponga otro recurso. Expresó su voluntad de conocer las razones que existen para la presentación del recurso y prometió estudiarlas a fondo durante este fin de semana, así como dar a conocer su decisión razonada la semana próxima.

Portavoces de la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas dieron cuenta, según informa Jesús Duva, de su entrevista con Gil-Robles: "La ley Corcuera es un eslabón más en el fenómeno de concentración de poder en manos del Ejecutivo. Nosotros hemos trasladado al Defensor del Pueblo nuestra preocupación por este hecho y le hemos insistido en que jurídicamente viola la Constitución".

Artículos polémicos

La UPF, una de las organizaciones integrada en la federación, ha remitido a Gil-Robles un documento, elaborado por los fiscales Miguel Miravet, teniente fiscal de Valencia; y Manuel DoIz, fiscal jefe de Lérida, en el que se argumentan los motivos del recurso, especialmente en relación con el artículo 20, que afecta a la libertad del ciudadano, y con el 21, que vulnera la inviolabilidad del domicilio. El documento de la UPIF estima importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley, incluso aunque no declare inconstitucional ningún precepto, dado que la interpretación que ofreciera de algunos artículos haría que no pudieran ser aplicados en su actual redacción. La UPF entiende necesaria Ia interposición del recurso de inconstitucionalidad por quien tiene legitimación para ello (entre otros, el Defensor del Pueblo), con el fin de que el Constitucional diga la última palabra".