La policía usa cada vez más la 'ley Corcuera' para identificaciones, pero es cauta con los registros
El Ministerio del Interior asegura que no dispone aún de datos sobre la aplicación de la ley Corcuera, pese a que entró en vigor hace casi tres meses. Medidas como la retención a efectos de identificación, las sanciones por consumo de droga en la calle o por participar en manifestaciones no autorizadas se utilizan cada vez con más frecuencia. La entrada en domicilios sin orden judicial se está haciendo con más cautela. A falta de normas concretas que desarrollen la forma de poner en práctica algunos aspectos de esta ley, la policía la está aplicando con cierta confusión.
Interior ha requerido en dos ocasiones a todas las comisarías datos sobre la aplicación de la ley Corcuera, que entró en vigor el pasado 22 de febrero. Pero un portavoz mantiene que no hay ninguna estadística. La misma fuente dijo que "hasta el momento no hay noticias de que se hayan producido quejas" entre los ciudadanos. José Luis Corcuera comparecerá el próximo martes en el Congreso para responder a una pregunta de IU sobre los primeros resultados de la ley. Federico Trillo-Figueroa, diputado del PP y vicepresidente del Congreso, se comprometió el pasado 13 de febrero en nombre de su grupo "a preguntarle cada semana [al ministro del Interior] por la aplicación de los artículos 20 y 21 [de la ley Corcuera] para que cuente en qué casos y para qué cosas se han aplicado aquellos". Trillo-Figueroa no ha cumplido.
El diputado ha explicado que "todos los compañeros tienen instrucciones para que comuniquen al grupo parlamentario las incidencias que hayan conocido respecto a esta ley Corcuera". Añadió: "Hasta ahora no hemos tenido noticia de ninguna incidencia, posiblemente porque Corcuera ha dado instrucciones a los comisarios para que apliquen los controvertidos artículos en los menos casos posibles", informa Camilo Valdecantos.
El artículo 21, que establece que la policía podrá irrumpir en un domicilio si tiene el "conocimiento fundado" de que dentro del mismo se está traficando con droga, fue inicialmente aplicado con mucha cautela. Pero, con el paso del tiempo, los agentes "se están animando" a actuar basándose en este precepto legal, según reconocen fuentes policiales.
En Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha entrado en 12 viviendas, al amparo de la ley Corcuera. La primera vez que la usó fue para irrumpir en una pensión de Chamberí, cuando los funcionarios observaron casualmente que un grupo de extranjeros estaba traficando con unas papelinas de heroína. Los agentes han asaltado también varias chabolas de Carabanchel.
En otra gran ciudad como Barcelona, la policía ha utilizado sólo en cinco ocasiones la ley Corcuera para entrar en otros tantos domicilios. En Málaga -una ciudad costera donde hay un alto índice de tráfico de drogas- se ha aplicado la nueva legislación para penetrar en 10 viviendas. Por el contrario, la policía de Badajoz no ha estrenado aún la ley Corcuera para reventar la casa de ningún traficante.
El artículo 20 de la legislación promovida por el actual ministro del Interior, que permite la identificación de los transeúntes y su posterior retención en la comisaría a efectos de comprobar sus datos, está siendo aplicado por la policía con mayor profusión, según el muestreo realizado por este diario en cuatro capitales.
En Barcelona han sido identificadas más de 1.000 personas desde que entró en vigor la ley, según fuentes policiales. Esta cifra tan abultada de identificaciones es explicable por los numerosos controles callejeros que se han montado en esa ciudad que, además de ser sede de los próximos Juegos Olímpicos, ha sido escenario de las acciones del comando etarra dirigido por José Luis Urrusolo.
La policía madrileña ha efectuado también "numerosas" comprobaciones de identidad, aunque las fuentes consultadas no han querido precisar la cifra. En Málaga -una capital que registra un gran tránsito de turistas y extranjeros- solamente consta la identificación de 20 personas. Los agentes de Badajoz han realizado esta misión en 18 ocasiones.
La policía está desorientada y en cada ciudad actúa de forma distinta, a falta de una reglamentación concreta sobre cómo y en qué periodos debe facilitar a los fiscales la información sobre las identificaciones practicadas, según establece el artículo 20 de la ley.
Fuentes policiales coinciden en que en la actualidad hay en toda España cientos de personas expedientadas por consumir drogas en la vía pública, según lo previsto en el artículo 25 de la ley, que permite imponer sanciones de hasta cinco millones de pesetas.
Otro polémico artículo de la ley, el 23, que considera falta grave Ia celebración de reuniones en lugares de tránsito público", ha sido aplicado, por ejemplo, en el caso de cuatro universitarios de Huelva que han sido expedientados por concentrarse el pasado 9 de abril ante el Ayuntamiento, informa Luis Eduardo Siles.
El mismo artículo 23 ha sido invocado contra 17 jóvenes de Vitoria que el pasado 30 de marzo pegaban carteles convocando a una manifestación no autorizada. Pueden ser multados con 5.000.000 de pesetas.
