El juez de paz pide un informe independiente de la 'ruta de la muerte'

El juez de paz de Iznalloz (Granada), José Luis Hernández-Carrillo, pidió ayer al juez de instrucción que investiga la posible responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas en los numerosos accidentes ocurridos en el tramo de la carretera nacional 323, conocido como ruta de la muerte, que recabe informes técnicos a personas no relacionadas con el Estado para establecer con la debida imparcialidad si, como él mantiene, la vía está deficientemente señalizada.

Rafael Villar, jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, dependiente del citado ministerio, prestó declaración durante una hora ante el juez, acusado de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Según ha dicho en otras ocasiones Villar, el citado tramo está señalizado correctamente según las normas españolas y comunitarias.

Hernández-Carrillo declaró que deben ser unos técnicos no vinculados al Estado los que comprueben directamente la mala señalización de ese tramo ha influido en los múltiples percances, que sólo en cuatro años han causado 200 muertos.

Según el juez de paz, a tenor de sus conversaciones con responsables de carreteras, los técnicos de Obras Públicas reafirman que la señalización del trazado es la correcta. Hernández-Carrillo anunció que retirará la denuncia contra Villar si el ministerio reforma las señales y prohíbe expresamente el adelantamíento en determinadas curvas con escasa o nula visibilidad.

El ministerio estableció hace cuatro años, coincidiendo con la apertura del citado tramo, la prohibición de los adelantamientos en los puntos más conflictivos, pero poco después, no se sabe por qué causas, levantó el veto a los automovilistas y pintó la divisoria de los carriles con líneas discontinuas. Hernández-Carrillo ratificó todos los puntos contenidos en su escrito de denuncia y explicó que con tal medida no pretende inculpar a nadie sino impedir que decenas de personas mueran en accidente.