Los Doce, a vueltas con Maastricht

FÉLIX MONTEIRA La Comunidad Europea (CE) entra en una nueva era en dos bloques separados: unos, con la prioridad centrada en el ingreso de nuevos socios, y otros, como España, con la mirada puesta en el dinero de la cohesión económica y social. El peligro de los recortes afecta a los compromisos financieros para llevar adelante el proyecto de la unión política y monetaria.

De momento, el único bagaje a favor del Tratado de Maastricht es el dictamen favorable del Parlamento Europeo, aprobado el 7 de abril, aunque condicionado a corregir el déficit democrático de la CE antes de la conferencia intergubernamental de revisión del tratado prevista para 1996. Pero, si los Doce no renuncian al poder de "veto paralizante" y no refuerzan los poderes de las instituciones comunitarias, los eurodiputados anuncian que se opondrán al ingreso de nuevos socios. La ampliación es el nuevo reto de la Comunidad, con Austria, Suecia, Finlandia, Malta y Chipre ya en la lista de espera.

Francia es el primer país que ha abierto el fuego del debate parlamentario para la ratificación del Tratado de Unión Europea, y Bélgica puede seguir el ejemplo este mismo mes. Pero la gran prueba de fuego será el referéndum que se celebrará en Dinamarca el próximo 2 de junio. Según las últimas encuestas, hay un 41%. de daneses favorables al acuerdo, frente a un 38% en contra y un 20% de indecisos. Aunque todo el mundo confía en que al final habrá mayoría, puede saltar la sorpresa, porque basta un 30% de votos negativos para que el referéndum no prospere.

Pagar los retos

Acaso la próxima entrada de sus vecinos nórdicos sea el argumento que incline finalmente a los daneses a mostrar fe comunitaria. Pero la unidad que consiguió Maastricht ha servido, pasado el entusiamo del acuerdo, para dividir a los Doce en dos bloques de intereses enfrentados. "Profundización y ampliación no tienen por qué ir a la par, plantean serias contradicciones y sería deshonesto no reconocerlo", afirma Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea.

Con la ambición que le caracteriza, Delors ha presentado la propuesta de aumentar un 32% el presupuesto comunitario de aquí a 1997 para poder pagar los retos asumidos en Maastricht. Entre ellos figura duplicar las ayudas comunitarias para que los cuatro países más pobres (España, Irlanda, Portugal y Grecia) puedan continuar su desarrollo y paliar en parte el esfuerzo de convergencia a que les obligará el unirse a la moneda única. Los ocho socios restantes consideran que es demasiado dinero, con la peculiaridad de que para Italia, Dinamarca, Holanda y Bélgica las nuevas perspectivas de la CE representarán cambiar su condición de beneficiarios por la de contribuyentes netos.

Delors, acaso para elevar el tono del debate y preparar a los Doce para el próximo salto, acaba de lanzar a la arena la necesidad urgente de reformar el tratado para lograr que las instituciones funcionen en una Comunidad futura "no de 15 o 17, sino de 24 o 30 miembros". Está pensando en que la plataforma de adaptación creada con el mercado único ampliado a los siete miembros de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) pueda servir de antesala de recambio a los países del Este. Pero para ello, dice, hace falta reforzar los poderes de la Comisión Europea.

El proyecto de ampliación es para Alemania e Italia prioritario, y seduce especialmente al Reino Unido y a Dinamarca. Pero los Gobiernos de estos dos últimos países consideran que bastante tienen con la cesión de soberanía de Maastricht como para poner sobre la mesa otro traspaso. Los países grandes de la CE, con excepción del Reino Unido, no ven con malos ojos una Comunidad reforzada, pero en ese caso habría que alterar sustancialmente la tesis de Delors. "A la hora de tomar decisiones no puede pesar lo mismo Alemania que Luxemburgo o Malta", afirma un diplomático.

El argumento del dinero es determinante, aunque los problemas jurídicos para una mayoría se derivan del derecho de voto en las elecciones municipales a los residentes de otros países comunitarios. De España partió esta propuesta, que quizá obligue a modificar la Constitución, como es el caso en Francia. En Bélgica y Luxemburgo parece que el cambio podrá hacerse después de ratificar el tratado.

La lectura pesimista del proceso de ratificación tiene eco en la propia Comisión Europea. "La Comunidad se encuentra en una encrucijada y cabe la posibilidad de que todo tenga que postergarse", opina un comisario. Los problemas en Bruselas no se limitan sólo al referéndum "muy justo" de Dinamarca, sino a que "Francia está profundamente sumida en una crisis de autoconfianza, el Reino Unido desea frenar el proceso e Italia vive en plena crisis".

La mayor inquietud, sin embargo, viene de Alemania, "enfrentada a una unificación que le está costando mucho más de lo previsto". Desde Bonn llegan voces que reclaman la reescritura de los acuerdos de unión económica y monetaria para no sacrificar el marco en beneficio del ECU. La más probable es que sin cohesión suficiente no haya nuevas adhesiones, pero, en el peor de los casos, "la experiencia enseña que los retrasos no han sido siempre malos en la historia de la CE".

Concejales contunitarios

Jacques Santer, el primer ministro de Luxemburgo, tranquilizó hace unos días a sus conciudadanos al afirmar que el Tratado de Maastricht no permite elegir alcalde. A lo sumo, concejal, lo cual es un alivio en el Gran Ducado, que cuenta con casi un 30% de población extranjera. Los portugueses, principal comunidad de inmigrados, son mayoría en varios municipios.

El derecho a ser elector y elegido en los comicios municipales sea cual sea el país de residencia no entrará en vigor hasta 1994. Pero ha suscitado la alarma entre los flamencos belgas, convencidos de que los extranjeros comunitarios residentes votarán francófono y alterarán el difícil equilibrio regional y lingüístico.

En Holanda, el voto municipal para los residentes es un hecho asumido, pero las críticas a Maastricht surgen del dinero que habrá que pagar para la cohesión de los más pobres. El dinero une a holandeses, luxemburgueses y belgas.

El referéndum será cita obligada para los irlandeses el 18 de junio. Irlanda se beneficiará de la cohesión prometida en Maastricht, pero el protocolo exigido por el Gobierno corre el peligro de convertir la consulta en un sí o no al aborto, cuestión que divide a los irlandeses. Griegos y portugueses ven en el tratado una solución económica a sus problemas y a la vez una dura prueba para intentar converger, incluso con retraso, a la moneda única europea.