Obstáculos legales

El traspaso a Euskadi del grueso del proceso de reinserción choca por el momento con dos obstáculos. La comunidad vasca no ha conseguido, a diferencia de Cataluña, el traspaso de las cárceles de la comunidad autónoma y el Gobierno autónomo no las acepta sin ciertas condiciones. Una de ellas, impuesta por el Parlamento de Vitoria el 24 de septiembre de 1987, es la "derogación o modificación" de un decreto de tres años antes sobre "normas provisionales de coordinación de las Administraciones Penitenciarias".

El decreto coarta la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar una política penitenciaria propia, según un portavoz de la Consejería de Presidencia y Desarrollo Autonómico del País Vasco, cuyo titular es el peneuvista Joseba Zubía, encargado de mantener contactos con familiares y presos para seguir su evolución. Si se exige la modificación del decreto "es porque no tiene interés aplicar mecánicamente en Euskadi los criterios de la Administración central", añade el citado portavoz.

La misma fuente ha señalado que no ha habido aún ninguna reunión específica sobre el traspaso de las prisiones. Por otra parte, señala, la transferencia de las cárceles "no supone el traslado automático de los presos vascos, aunque no quiere decir que no se haga".

Las tres prisiones, Nanclares de la Oca (Álava), -Martutene (San Sebastián) y Basauri (Vizcaya) tienen una capacidad de 845, 233 y 265 plazas respectivamente. La única moderna es la de Álava, de máxima seguridad. Está ya decidido el cierre de Basauri y la construcción de una nueva cárcel en emplazamiento aún no determinado y se encuentra en estudio también la sustitución de Martutene.