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El embrollo irlandés

El aborto divide a la sociedad irlandesa y amenaza la aplicación de los acuerdos de Maastricht

Enric González

Irlanda acudió a Maastricht en diciembre de 1991 dispuesta a firmar cualquier tratado sobre la unión europea. Lo único imprescindible para Dublín era un protocolo adicional que salvaguardara la legislación antiabortista de Irlanda, y los demás países comunitarios no pusieron objeciones. Pero al día siguiente de la firma Y violó a la joven X. Esta quedó embarazada y decidió abortar en Gran Bretaña. El fiscal general quiso impedirlo. El Tribunal Supremo falló a favor de X. E Irlanda entró en erupción. Ahora, la sociedad irlandesa está dividida en dos y ambos bandos amenazan con rechazar en referéndum el tratado de Maastricht, lo que dejaría en suspenso el costoso acuerdo conseguido por los Doce.

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El extraordinario embrollo irlandés no comienza, en realidad, con la pobre X (una menor de edad violada y embarazada por el padre de una amiga, cuyo anonimato es protegido por la ley), sino con el referéndum de 1983. En ese año, Irlanda empezó a caminar en sentido contrario al del resto de Europa y del mundo.El aborto estaba estrictamente prohibido por el código penal, pero varios grupos de presión consideraron que el antiabortismo debía ser elevado a nivel constitucional para evitar que 11 el declive de los valores éticos que se percibe en otros países alcance al nuestro", según uno de los manifiestos de la época.

La Campaña para la Enmienda por la Vida (PLAC) logró que se convocara un referéndum, y lo ganó. Los antiabortistas obtuvieron una amplia victoria (dos tercios de los votos) al precio de sumir a los irlandeses en el enfrentamiento más agrio desde la guerra civil de 1922.

Las heridas de 1983 empezaban a cicatrizar cuando, a principios de este año, sobrevino el escándalo de X. Para los partidarios de legalizar el aborto, y también para numerosos antiabortistas, el Estado llevaba demasiado lejos sus "valores éticos" cuando prohibía a una menor violada y traumatizada que viajara a Inglaterra para interrumpir su embarazo.

Para los restos de la PLAC, que volvió a movilizarse inmediatamente, ceder en el caso de X significaba ceder en otros y abrir la puerta al aborto (aunque fuera en el extranjero). Volvieron las manifestaciones a las calles y las peleas en las familias.

Sentencia polémica

X había hablado alguna de vez de suicidio, y el Tribunal Supre mo se escudó en el derecho de la madre a. la vida para permitir que la anónima joven viajara a Inglaterra. Los fundamentos de la sentencia escalofriaron a los antiabortistas. Bastaba la amenaza de suicidio -sin exámenes psiquiátricos- para que el aborto fuera legal. Pero eso no era todo.

A cambio del protocolo antiabortista, Irlanda firmó en Maastricht una declaración solemne según la cual la ley particular irlandesa quedaba por debajo de derechos básicos en la CE como la libertad de movimientos (hacia Inglaterra, por ejemplo) y el acceso a servicios ofrecidos en otros países comunitarios (como la interrupción del embarazo).

"No diga interrupción del embarazo, sino muerte del niño. Hay que acabar con los eufemismos para que la gente perciba que el aborto es un asesinato". Mary Lucey tiene 65 años, es doctora en Medicina y es la cabeza visible (la invisible queda en el ámbito teológico) del movimiento antiabortista irlandés. Preside la Sociedad para la Protección de¡ Nonato (SPUC) y fue una de las figuras más destacadas en la campaña de 1983. "La sentencia del Supremo no tiene sentido, porque está demostrado que las embarazadas no se suicidan; al contrario, quienes son propensas al suicidio son las mujeres que han sufrido un aborto".

Lucey ha vuelto a movilizar a su gente. La SPUC fue el núcleo de la PLAC -para entendernos, la campaña de 1983- y, pese a tener sólo 4.000 afiliados, "nos basta un teléfono para poner en marcha a decenas de miles de simpatizantes". El objetivo es un nuevo referéndum "que deje las cosas claras para siempre".

El Gobierno accede a celebrar un referéndum, pero no antes del 18 de junio, fecha en que se vota el tratado de Maastricht, sino mucho después, en noviembre. "El referéndum del aborto debe celebrarse antes que el otro. De lo contrario, pediremos el no a Maastricht".

Al otro lado, en el frente proabortista, las posiciones son simétricas. La Campaña contra la Octava Enmienda (COE), que engloba a partidos de izquierda y grupos feministas, recomienda también el voto negativo en el referéndum de Maastricht "si se mantiene el ridículo protocolo y la intencionada confusión sobre el aborto", de acuerdo con una portavoz de la organización.

El primer ministro, Albert Reynolds, está contra las cuerdas. No se atreve a aplazar el referéndum de Maastricht, por miedo a parecer informal ante sus colegas europeos, y tampoco se atreve a adelantar el referéndum sobre el aborto, porque apenas queda tiempo.

Ni siquiere accede a hablar de cómo podría ser la pregunta en noviembre, y sólo insiste en que el sí a Maastricht impediría otro caso como el de X, y un no supondría la ruina para Irlanda. "La Comunidad seguiría adelante sin nosotros", dijo el pasado martes, en tono compungido, a un grupo de empresarios.

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