Acabar con el decreto para empezar la negociación

El 28 de mayo de 1992 se producirá la primera gran movilización social contra lo que ya se conoce como el decretazo del Gobierno que recorta las prestaciones por desempleo. Comisiones Obreras y UGT responden así a una de las más graves medidas tomadas por los Gobiernos democráticos en los últimos 15 años, después de analizar con rigor y coherencia la situación creada con la aprobación del decreto.Por ello, el 1 de mayo brinda al movimiento sindical y a las fuerzas de izquierda y progresistas una oportunidad excepcional para participar en el debate público abierto a propósito del decretazo, aportando las ideas, iniciativas y propuestas que los sindicatos han planteado en defensa de una reforma radical del Inem. y del sistema de protección a los parados.

Cuando el pasado 7 de abril, el BOE publicaba el real decreto, conocido ya como el decretazo, de "medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección al desempleo", el Gobierno asestaba un duro golpe a un amplio colectivo social e iniciaba una arriesgada operación política contra los sindicatos, en el más puro estilo thatcheriano.

Dos argumentos de postín servían al Gobierno y más tarde al PSOE para justificar una medida profundamente antidemocrática: la inviabilidad financiera del sistema de protección al desempleo y la apremiante integración europea. Dos ideas para una vasta campaña publicitaria que esconden en el fondo el fracaso de una política y la obsesión liberal en la construcción de Europa.

Racionalización

Resulta a todas luces un disparate descargar toda la responsabilidad de un irregular sistema de protección al desempleo en los propios parados. Estuvimos y estamos dispuestos a negociar una reforma radical del Inem-, que contribuya a racionalizar el sistema -también su financiación y lo convierta de hecho en un organismo público moderno, capaz de renovar la política de formación y de estimular la creación de empleo y su intervención activa en el mercado de trabajo.

Por otro lado, no es de recibo que el Gobierno del PSOE haya necesitado 10 años para concluir que su gestión y su política en el Inem arrojan una cuenta -de resultados tan impresentable como ineficaz. Emular a la derecha más reaccionaria al convertir a los parados en hábiles defraudadores que viven mejor sin empleo que trabajando constituye un lamentable ejercicio de mezquindad política. Localizar el fraude para combatirlo es una responsabilidad de la que no debe huir el Ejecutivo.

Comisiones ha reiterado hasta la saciedad que el incremento de gasto generado por el Inem es consecuencia directa de dos factores: la quiebra del proceso de creación de empleo, como se evidencia con el saldo de 1991, cifrado en la destrucción neta de 60.000 empleos, y la abusiva geeneralización de la contratación eventual y precaria, que alcanza ya casi el 35% de los trabajadores en activo.

Así las cosas, el Gobierno es consciente de estar penalizando a las víctimas y no a los responsables, no atacando las causas del mayor déficit del Inem.

Con estos precedentes, la orientación del Gobierno español, obsesionado en la convergencia macroeconómica, aun a costa de profundizar en la divergencia real y el recurso a la integración europea como coartada para imponer en nuestro país las medidas más injustas e impopulares, supone una burda instrumentalización de los Acuerdos de Maastricht para ajustar la economía española abundando en la misma línea que nos ha llevado a perder competitividad y ahondar en los desequilibrios tanto de nuestro sector exterior como en el desarrollo económico-industrial interior,

Paquete de sacrificios

En realidad, el plan González-Solchaga no es un conjunto de esfuerzos a solicitar equitativamente a los distintos sectores sociales, sino un paquete de sacrificios a descargar sobre los trabajadores fundamentalmente, acompañado de un programa de privatizaciones de empresas públicas en el marco de un cuadro macroeconómico puramente especulativo.

La convocatoria de un paro general de al menos media jornada para el día 28 de mayo es la consecuencia de un paciente análisis sindical sobre la agresión del. Gobierno. Podemos estar asistiendo a la quiebra de una cultura política de diálogo y concertación entre un Gobierno que se llama socialista y el movimiento sindical. En más de una ocasión hemos escuchado a genuinos representantes del PSOE sentenciar que una de las diferencias más notables entre los partidos conservadores y los socialistas cuando se trata de diseñar la política económica es que "mientras los conservadores la imponen, los socialistas la concertamos con los agentes sociales".

No hace falta precisar que aquella virtud socialista parece haber entrado ya en el baúl de los recuerdos.

En consecuencia, el 1 de mayo hay que lograr que millones de trabajadores y ciudadanos le digan al Gobierno que se equivocan con el decreto, con un ley de huelga restrictiva y regresiva, con desatender las demandas de reindustrialización. Tenemos que lograr la retirada del decreto con decisión ahora y presión sostenida después, porque no vamos a esperar a combatir pasado mañana lo que es un hecho consumado desde ayer.

Antonio Gutiérrez Vegara es secretario general de Comisiones Obreras.