La justicia mexicana detiene a siete personas en relación con el desastre de Guadalajara
Las autoridades judiciales mexicanas detuvieron en la madrugada del lunes a siete de los presuntos responsables de las explosiones ocurridas el miércoles pasado en Guadalajara. Se trata de tres funcionarios municipales y de cuatro responsables de Pemex, la compañia petrolera estatal. Los detenidos fueron acusados de homicidio por imprudencia de 190 personas.
La población de Guadalajara, mientras tanto, insatisfecha por las primeras investigaciones sobre la catástrofe, exige ahora la renuncia del gobernador del Estado de Jalisco, Guillermo Cosío, que ha adoptado una posición de resistencia numantina y utiliza todo tipo de argucias políticas para evitar que le sea arrebatado el cargo.
Cosío, un político de la vieja escuela del Partido Revolucionario Institucional, con 47 años intensivos de militancia en esta organización, era ayer acusado por el diario Excelsior de "ineptitud y obvia complicidad. Su conducta durante este dantesco suceso ha sido calificada de "vergonzosa" por el prestigioso Grupo de los Cien, una organización que aglutina a los principales intelectuales mexicanos en la defensa del medio ambiente. La revista Proceso, por otra parte, habla de él como un hombre de "compadreos y comprornisos". Afirma que desde que accedió al cargo de gobernador se ha puesto de relieve su "nepotismo", al favorecer negocios multimillonarios a sus hijos y amigos.
El gobernador de Jalisco, más que agachar la cabeza ante esta cadena de acusaciones, se presenta, pese a los abucheos públicos que le ha tocado vivir estos días, como la cabeza rectora de las operaciones de rescate y de reconstrucción de la ciudad.
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