El Parlamento Europeo recomienda que los trabajadores de la CE participen en los beneficios empresariales

El Parlamento Europeo se muestra totalmente favorable a que los trabajadores de la Comunidad participen en los beneficios y las decisiones de las empresas. En un informe elaborado por la Comisión de Asuntos Sociales se desprende que España, junto a Portugal y Luxemburgo, es el país más reacio a adoptar estas medidas. La propuesta, remitida al Consejo de Europa, forma parte del proceso de aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales.Las medidas que sugiere el informe tienen cierto rechazo entre sindicatos y empresarios. Los primeros, porque temen que aumente el nivel de riesgo de los propios trabajadores y, a la vez, disminuya la influencia de las organizaciones sindicales en las empresas. En este sentido, la Comisión propone que la participación sea al margen del salario para reducir los riesgos.

Los empresarios, por otro lado, se oponen porque consideran que este tipo de legislaciones lo que hacen es erosionar la propiedad "al utilizar al Estado para transferir riqueza de los empresarios a los trabajadores".

En Europa, los países más avanzados en este sentido son Alemania, Francia y el Reino Unido. España, Portugal y Luxemburgo son los países más reacios a introducir este tipo de medidas, llamadas Pepper (Fomento de la participación de los trabajadores en los resultados de la empresa). Según el Parlamento Europeo "estos gobiernos todavía no han adoptado una actitud clara al respecto y sólo muy recientemente se lo han planteado como un tema de debate público".

En otros estados miembros de la Comunidad, como Alemania, los trabajadores incluidos en planes de este tipo llegaron en 1990 a 1,3 millones en un total de 1.600 empresas, con un capital involucrado de 15.000 millones de marcos (casi un billón de pesetas). En el Reino Unido, donde existe una gran tradición de este tipo de métodos, el mismo año se registraron 232.000 trabajadores y 6.000 planes. Por último, en Francia, único país donde estas medidas tienen carácter obligatorio, participaron 6 millones de trabajadores.