El juez ordena una investigación en el Banco Santander por las cesiones de créditos

El juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha ordenado una investigación en varias oficinas del Banco Santander por un sumario abierto sobre operaciones de cesión de créditos. Estas actuaciones se basan en el informe remitido a la fiscalía por la Inspección de Hacienda el pasado 1 de abril. Según las conclusiones del informe, las operaciones se han realizado en toda España entre los años 1987 y 1989, alcanzan los 400.000 millones de pesetas y en las operaciones han intervenido testaferros. El banco anunció hace un mes que el volumen medio de estas cesiones era de 146.001 millones en dicho periodo y un portavoz oficial señaló ayer que había entregado a la Policía Judicial toda la documentación, indicando que era la misma que hizo llegar anteriormente a Hacienda.

El portavoz del banco no hizo comentarios sobre la presunta existencia de testaferros y añadió que sólo tenía conocimiento de una querella presentada contra la entidad por José María Ruíz Mateos. El secreto del sumario fue levantado ayer.El informe remitido al fiscal es el resultado de tres años de investigación realizada por la Inspección de Hacienda en toda España sobre cesiones de crédito efectuadas por el grupo Banco Santander entre los años 1987 a 1989. Según las conclusiones del informe, el banco habría realizado unas 40.000 cesiones de crédito en estos años por valor de 400.000 millones de pesetas, para lo que se han utilizado personas interpuestas o testaferros.

El portavoz de la entidad se remitió al comunicado emitido en marzo de este año (véase EL PAÍS del 3 de marzo), en el que señalaba que "las cesiones de créditos, realizadas durante los años 1987 y 1988 hasta la entrada en vigor del real decreto 51 89 de 7 de julio, fecha en la que fue suspendida dicha operativa, registraron un volumen medio de 146.001 millones de pesetas. La información de dichos instrumentos fue rendida a requerimiento de la Administración Tributaria en uso de sus facultades administrativas, pese a la impugnación ejercitada por el banco ante los órganos competentes".

Las operaciones de cesión de créditos consisten en que el banco vende a un tercero el crédito que ha concedido a un particular, es decir, cede la nuda propiedad del préstamo. Este tipo de transacción se efectúa frecuentemente en dinero negro por una cuantía inferior a la del principal del crédito. El banco, como intermediario, cobra los intereses al destinatario.

De esta forma, la entidad cobra la mayor parte del crédito antes de la fecha de vencimiento y asume un riesgo inferior porque lo ha vendido por una cuantía menor a la del principal. Por su parte, el comprador del crédito puede colocar así su dinero negro con un coste, aunque aparentemente sin riesgo fiscal ya que no se practica retención.

Presuntos testaferros

Una vez detectadas estas operaciones, Hacienda pidió al Banco Santander información al respecto. El banco remitió la lista de los titulares de cesiones de créditos sobre la que Hacienda investiga. Hacienda detectó la existencia de presuntos testaferros en las operaciones, que volverían opaco el nombre de los compradores últimos, según fuentes del departamento. Los inspectores de Hacienda han puesto en manos del fiscal la utilización de nombres de terceras personas, en algunos casos sin su conocimiento. Entre ellas figuran jubilados residentes en asilos y jornaleros. En un caso. siempre según estas fuentes, uno de estos intermediarios habría sido remunerado con 30.000 pesetas.

El director general de la Inspección de Hacienda, Manuel Bravo, envió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, una carta con fecha 1 de abril de este año con el informe resultado de las investigaciones. La carta, tras referirse a las investigaciones sobre cesiones de crédito realizadas por la entidad, señala que la inspección "ha tenido conocimiento de una serie de hechos y circunstancias de los que, según queda recogido en el informe que se acompaña, pueden derivarse responsabilidades penales de diversos órdenes".

El fiscal ordenó la apertura inmediata del sumario y pasó el caso al juez de delitos Monetarios, Miguel Moreiras, para que iniciase las diligencias en base a la presunción de un delito de falsedad y de colaboración al fraude fiscal. El juez decidió entonces enviar -anteayer y ayer-, a nueve policías judiciales y cuatro inspectores de Hacienda a las oficinas centrales del Banco Santander en Madrid (calle Alcalá y Paseo de la Castellana), con el fin de recabar documentación. El viernes anterior procedió de igual forma en las oficinas de Santa Cruz de Tenerife, donde se había detectado un número importante de operaciones.

Paralelamente a este proceso, existe una denuncia presentada por José María Ruiz Mateos (después de haberse archivado una querella también instada por él), contra el mismo banco, por presunto blanqueo de dinero. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional confirmó ayer a este periódico que esta denuncia se ha incluido en el sumario abierto a iniciativa de Hacienda con el fin de no duplicar las investigaciones.

La entidad afirma conocer como único proceso que le afecta la denuncia presentada por Ruiz Mateos (registrada con el número 53/92). Sobre la utilización de testaferros prefiere "no hacer comentarios" y en cualquier caso se remite a la decisión final del juez. El portavoz del Santander confirma que se ha producido la visita de policías acompañados de inspectores de Hacienda en las plazas de Madrid, Santa Cruz de Tenerife y La Rioja, "donde se les ha prestado toda la ayuda requerida". Para el Santander, el origen de todo el proceso es la denuncia presentada por Ruiz Mateos después de que se le archivara una querella. El portavoz del banco indicó que la entidad "ha ofrecido, tanto a Hacienda como al juzgado toda la información, a satisfacción de Hacienda", y que la entidad "ha actuado siempre dentro de la legalidad".

Por su parte, el portavoz oficial del Ministerio de Hacienda señala que "no puede dar información de casos concretos porque así se lo impide el deber de secreto establecido en la Ley General Tributaria".