Manuel Fraga exige la administración única para Galicia, Cataluña y el País Vasco

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, planteará al Gobierno central que las comunidades históricas, de mayor techo autonómico competencial, -Galicia, Cataluña y País Vasco- asuman la administración única en su territorio, excepto en aquellas materias que el artículo 150.2 de la Constitución considera exclusivas. Estas materias son Hacienda, Seguridad Social, Interior, Justicia, Defensa y Exteriores. Las demás competencias de la Administración del Estado deben pasar a la administración autonómica, según el proyecto de Fraga.

Manuel Fraga anunció durante el debate sobre el estado de la autonomía, celebrado el pasado 10 de marzo en el Parlamento gallego, una propuesta de refundación del estado de las autonomías. El proyecto de Fraga, amparado en un estudio jurídico, fue debatido durante estos tres últimos días en una reunión que celebró el Gobierno gallego en el monasterio de Sobrado dos Monxes (La Coruña).El presidente de la Xunta de Galicia propone básicamente que las tres comunidades históricas -Galicia, Cataluña y País Vasco- asuman la representación del Estado en el ámbito de su territorio y pretende, asimismo, modificar las funciones atribuidas al Senado en la Carta Magna. La propuesta será planteada por Fraga al presidente del Gobierno, Felipe González, según señalaron ayer fuentes del Ejecutivo gallego. Si el Gobierno central no lo asumiese, la Xunta gallega optaría por presentar una iniciativa propia ante el Congreso de los Diputados.

Fraga considera que la consolidación del Estado de las autonomías "pasa por la mejora de los mecanismos de eficacia y participación entre el Estado central y las comunidades autónomas, con el objetivo de conseguir el techo competencial máximo previsto en la Constitución y completar este objetivo con la delegación de competencias del Gobierno central, al amparo del artículo 150,2 de la Constitución".

Limitadas excepciones

Fraga precisa el contenido de la delegación de competencias para Galicia, Cataluña y País Vasco: "En un proceso evolutivo, se considera la necesidad de que las comunidades autónomas históricas asuman el papel de administración única en su territorio, excepto en aquellas materias con respecto a las cuales la delegación o encomienda de gestión no sean posibles al amparo del artículo 150,2 de la Constitución".

De acuerdo con el artículo 150,2 de la Constitución, esta delegación de competencias supone el traspaso de todas las funciones del Estado a las comunidades autónomas, excepto Hacienda, Seguridad Social, Justicia, Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. E incluso, estas competencias que se reserva el Estado son parcialmente compartidas por las comunidades históricas.

Concretamente, en materia de Seguridad Social, el Estado sólo se reserva el régimen económico porque la sanidad ya ha sido transferida a las comunidades históricas. En materia de Justicia, se han transferido medios materiales y personales en algunas comunidades, como por ejemplo administraciones penitenciarias a Cataluña. En materia de Interior, las comunidades históricas disponen de policías autonómicas, con un índice creciente de competencias.Las competencias no exclusivas serían delegadas voluntariamente por el Gobierno en las administraciones autónomas, lo que supondría eliminar la mayoría de los organismos periféricos del poder central. 'Tas comunidades autónomas son asimismo el Estado y les corresponde participar en las funciones que al proio Estado le competen", afirma una nota oficial de la Xunta galega.

Fraga argumenta su exigencia de administración única de este modo: "Este carácter de administración única hace posible una mayor eficacia en el funcionamiento del Estado de las autonomías, evitando una duplicidadinnecesaria de las administraciones que actúan en el territorio y, en definitiva, garantizando un mejor funcionamiento de la Administración Pública, entendida en un sentido unitario".

Autonomías y municipios

El presidente de la Xunta condiciona, por otra parte, el trasvase de competencias de las comunidades autónomas a los municipios a la eficacia de la gestión y al principio de subsidiariedad: "El proceso de racionalización debe abrir igualmente un proceso de transferencia hacia la administración local, de competencias de titularidad autonómica, cuando su prestación por estos entes de lugar a un servicio público más eficaz por su cercanía al ciudadano".

Según Manuel Fraga, Ia propuesta no es sólo legal sino que es necesaria para la consolidación del Estado de las autonomías" y "por supuesto se mueve en la dirección de los más eficaces sistemas políticos europeos y americanos".

Además la Xunta desea impulsar la reforma de dos artículos de la Constitución para modificar la composición y las funciones del Senado hasta convertirlo en un órgano de representación territorial. De este modo, la Cámara alta sería la primera en examinar proyectos de ley "que tengan como objetivo la planificación de la actividad económica general o la efectividad del principio de solidaridad". También se reduciría el número de senadores elegidos por sufragio universal para aumentar los designados directamente por las comunidades autónomas.

Guiño a Arzaluz y Pujol

El proyecto de Fraga, además de su profundo sentido autonomista, es un claro guiño dirigido hacia los nacionalismos moderados vasco y catalán que dirigen Xabier Arzalluz y Jordi Pujol, respectivamente. En una reciente entrevista (ver EL PAÍS del 8 de abril), Manuel Fraga sostenía que hay un "fondo común" de su visión del Estado y las de los nacionalismos de Jordí Pujol y Xabier Arzalluz.

El progresivo acercamiento de Fraga a posiciones autonomistas y la plasmación de este proyecto de administración única -con su apoyatura jurídica, podría facilitar la aproximación de los los nacionalismos moderados vasco y catalán -cortejados en estos momentos por el PSOE- a los conservadores. El presidente de la Xunta se sitúa, en este sentido, como un interlocutor político más favorable para las posiciones conservadores ante los nacionalismos moderados que el actual presidente del Partido Popular (PP), José María Aznar.