El poder golpista peruano planea volver a la normalidad constitucional antes de 2 años

El Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional de Perú, que disolvió las cámaras legislativas y ha emprendido la reorganización total del poder judicial, ha anunciado que en un plazo de un año a 18 meses se aprobará una nueva Constitución y quedará instalado un nuevo Congreso, tras la celebración de elecciones. En la primera conferencia de prensa del nuevo Gobierno tras el golpe, el primer ministro peruano, Óscar de la Puente, y el canciller Augusto Blacker, reconocieron que en Perú ha quedado abolida la división de poderes.

Los dirigentes peruanos anunciaron un impreciso calendario para instaurar una nueva legalidad democrática. El ministro de Exteriores, Blacker, dio la impresión de ser el hombre fuerte del Gabinete a las tres docenas de periodistas, que en la tarde del martes sudaron la gota gorda en un salón de la cancillería peruana. Al lado de Blacker, el nuevo primer ministro, De la Puente, el cuarto desde que Alberto Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio de 1990, parecía un mero convidado de piedra y apenas abrió la boca. La voz cantante la llevó Blacker.En esencia, el Gobierno de emergencia, que gobernará por decreto, tiene previsto elaborar una nueva Constitución con una comisión de notables nombrada por Fujimori. El diario oficial El Peruano apuntaba ayer en primera página que el ex secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, "podría integrar la comisión de reforma de la Constitución". El proyecto constitucional de los notables tendrá que ser aprobado en referéndum. Seguirían después las elecciones parlamentarias. La culminación de este proceso exigirá, según Blacker, un periodo de entre 12 y 18 meses.

La conferencia de prensa puso de manifiesto de forma clara la actitud autoritaria del nuevo Gobierno, que legitimó su intervención con el argumento del deterioro de la situación que atraviesa Perú y la herencia recibida por Fujimori. En un momento de la reunión, Blacker aseguró: "No sirve de nada levantar la bandera de la democracia, cuando se está muriendo la mitad del país".

El responsable de la diplomacia peruana argumentó que el Ejecutivo "estaba bloqueado por el mal uso de las prerrogativas parlamentarias y todos los esfuerzos que venía haciendo en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y otros males se estaban frustrando". Según Blacker, en otros países la Constitución prevé mecanismos como la disolución de las Cámaras y el recurso al referéndum para salir de estas situaciones. Con la nueva Constitución se pretenden subsanar estos fallos. Si los peruanos no aprobaran esa nueva Constitución, Blacker reconoció que el Gobierno y el presidente tendrán que dimitir.

El golpe lo dio Fujimori

La conferencia de prensa dejó al descubierto que el Gobierno de Fujimori se enteró de la decisión del golpe el mismo domingo por la noche, tan sólo momentos antes del anuncio presidencial. Este reconocimiento de Blacker demuestra, de forma palpable, que la decisión se cocinó en el círculo íntimo de asesores de Fujimori. Los parlamentarios destituidos intentan reunirse en diferentes puntos de Lima, como iglesias y el Colegio de Abogados e insisten en declarar vacante la presidencia. Sigue sin conocerse la postura del primer vicepresidente, Máximo San Román, quien se encontraba en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana. En caso de destitución del presidente, a San Román le correspondería, según la Constitución suspendida, asumir la presidencia. A la pregunta sobre si el Gobierno de emergencia conoce, la postura de San Román, Blacker respondió que la ignora, porque el vicepresidente se encuentra en el extranjero.