El Poder Judicial, por 11 votos a 6, cree idóneo a Hernández para fiscal general
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ.) informó ayer favorablemente -por 11 votos a seis y con una abstención- la propuesta del Ministerio de Justicia. para la designación del magistrado y vocal del Consejo, Eligio Hernández, en sustitución de Leopoldo Torres como Fiscal general del Estado. El presidente del CGPJ declinó pronunciarse sobre la procedencia del informe remitido por el Consejo, Fiscal al Gobierno, y que desencadenó el conflicto con el Ejecutivo, pero dijo que no contiene "cuestiones de naturaleza fundamental".
Previamente a la votación sobre Hernández, se discutió si era preceptivo el informe del CGPJ antes del cese de Torres, ya que el Estatuto del Ministerio Fiscal establece que "el fiscal general del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente" el CGPL La minoría argumentó que la dimisión o destitución es irrelevante, ya que la ley habla del "cese" y, sea o no éste a voluntad propia, la decisión es del Gobierno. Por 14 votos a cuatro se impuso, en palabras de Sala, que "no puede disociarse el cese del nombramiento", por lo que basta un sólo informe.Resuelto este primer escollo, se deliberó sobre si Hernández es un jurista "de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión" de magistrado. Un veterano fiscal recordó ayer a este periódico que, cuando se introdujo este requisito en el Estatuto del Ministerio Fiscal elaborado en 1981, se adjetivó el tiempo de ejercicio profesional con la palabra "efectivo" en evitación de que los Gobiernos de turno. colocaran a la cabeza de los fiscales juristas procedentes del Ejecutivo, "en concreto, ex gobernadores civiles, como era frecuente durante el franquismo".
Ex gobenador
El pleno deliberé sobre si a los menos de ocho años de ejercicio activo de Hernández como magistrado se le pueden sumar como "ejercicio efectivo de su profesión" los siete que ejerció como gobernador civil o delegado del Gobierno en Canarias y el tiempo que lleva como miembro del órgano de gobierno del poder judicial. En ausencia de Hernández y de dos vocales por enfermedad, 11 votaron a favor, seis en contra y uno se abstuvo.Votaron a favor el presidente, Sala, y los vocales Ignacio Sierra, Juan Alberto Belloch, Tomás S. Vives, Soledad Mestre, Javier Gómez de Liaño, Juan Antonio Xiol y Fernando Jiménez Lablanca (este último, fiscal de profesión). En contra, se pronunciaron y anunciaron un voto particular, el vicepresidente José Luis Manzanares y los vocales José Antonio Zarzalejos -fiscal-, Andrés-de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante, Antonio Marín Rico y Julio Padilla. Se abstuvo Antoni Bruguera.
Sala explicó ayer a los informadores su voto favorable a la idoneidad de Hernández y a su derecho a ser elegido, a pesar de sus años de carrera en "servicios especiales". Preguntado sobré el contenido del informe del Consejo Fiscal al Gobierno sobre la situación del Ministerio Fiscal, Sala reconoció haberlo leido y aseguró que no aborda "cuestiones de naturaleza fundamental". Preguntado sobre la procedencia de su remisión al Ejecutivo, manifestó, sonriente: "No lo he estudiado". Ante la petición de que, a pesar de ello, repentizara una respuesta, Sala sonrió con gesto pícaro y declinó contestar.
Preguntado sobre su modelo constitucional de fiscal, ante las distintas versiones, Sala declaró: "No hay que poner el acento en un principiob en dos, sino en todos los que figuran en la Constitución: unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad".
La primera hora del pleno se dedicó a discutir el acta de la sesión última y la información sobre la misma de EL PAÍS de ayer, en torno a la cual se manifestaron con acritud Manzanares, Zarzalejo y Padilla. Este último informó que De la Oliva pidió la modificación del acta.
Aunque figuraba en el orden del día, el pleno no resolvió el recurso de la juez de vigilancia penitenciaria Manuela Carmena contra la sanción encubierta de que fue objeto por haber permitido que dos expertos en derechos humanos la acompañarán en una visita a la cárcel.
