Contestación progresista al ministro de Justicia

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia -asociaciones minoritarias y progresistas en las respectivas carreras- se pronunciaron ayer en contra de las declaraciones del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, sobre la función del Consejo Fiscal y el modelo constitucional de Ministerio Fiscal. A estas asociaciones se unió la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas, que agrupa a 13 de las mismas, con un total de más de 2.000 miembros.En cambio, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales -mayoritarias y conservadoras ambas eludieron manifestarse sobre las declaraciones de Quadra-Salcedo. El portavoz de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Úrculo, estimó que "no es función nuestra contestar al Gobierno, tarea que corresponde más bien a los políticos, mientras que nosotros somos profesionales que decimos lo que tenemos que decir y, después, regresamos a nuestro trabajo".

El presidente de la UPF, Ladislao Roig, manifestó: "Sorprende que desde el Ejecutivo nunca se aluda al principio de imparcialidad como rector del fiscal y que nunca se matice que el principio de jerarquía concluye en el fiscal general del Estado, no en el Ministerio". Añadió que Quadra-Salcedo "olvida que el informe fue firmado por el fiscal general del Estado y parece desconocer las funciones del Consejo Fiscal".

Por su parte, Antonio Gil Merino, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló: "Apoyamos el informe del Consejo Fiscal, que actuó dentro de sus competencias, planteando no reivindicaciones sindicales ni demandas corporativas, sino exigiendo los medios para cumplir sus funciones". Gil Merino manifestó la necesidad de que se explique el relevo de Leopoldo Torres y aseguró que "en tanto y en cuanto tenga relación con el conflicto, es criticable". Rechazó las referencias realizadas por el ministro al fiscal de otros países "si no sirven para mejorar el nuestro", ya que, frente a lo resaltado por Quadra-Salcedo, "lo importante para un Estado de Derecho es que el Ministerio Fiscal se atenga a los principios de legalidad e imparcialidad".

La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas se unió a las dos mencionadas e insistió en la necesidad de que se asegure y desarrolle "el principio constitucional de imparcialidad como rector del Ministerio Fiscal, con tajante rechazo de intereses sectarios o partidistas que traten de instrumentalizarlo, impidiendo o limitando su función de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".