¿Hacia qué Europa vamos?

Asistimos en la actualidad a un debate suscitado por la mala situación presupuestaria del gasto destinado al sistema de protección por desempleo. Es reconocido por todos que el desvío experimentado en este gasto se debe a la elevada degradación del mercado laboral derivada del abuso de la contratación temporal, que se sitúa a finales de 1991 in algo más del 32% de la población ocupada.Sin embargo, la orientación que se deja entrever a través de las posiciones oficiales manifestadas olvida este hecho y pretende sembrar el terreno para una reforma parcial, que afecte casi exclusivamente al sistema de cobertura, sin considerar un cambio en la dirección de la política de empleo. Se trata de ligar la percepción de las prestaciones económicas a la asistencia de programas de formación, dándole al Inem un papel de control de la situación de desempleo de los parados cubiertos en lugar de reconducirlo a una agencia pública de colocación.

Este proyecto pretende reducir el paro, como ya se ha realizado en anteriores ocasiones, a un problema contable. Se trata de desanimar a los parados favoreciendo el paso del desempleo a la inactividad, en lugar de realizar un esfuerzo para garantizar la transición desde la situación de paro a un puesto de trabajo. Es decir, que se elaboren los programas necesarios para garantizar la reinserción en el mercado de trabajo de más de dos millones de parados en el Estado.

Políticas activas

Nuestro país tiene una tasa de actividad muy inferior a la de los países de nuestro entorno. Junto a ello, el elevado volumen de desempleo hace que el nivel de actividad presente, incluso en periodos de creación de empleo, tenga una fuerte resistencia a aumentar.

Una población activa menor no sería muestra de un mercado laboral más saneado, sino el reflejo de una absoluta falta de confianza de la sociedad en la capacidad de nuestra economía y de los responsables económicos para garantizar el derecho constitucional de acceso a un puesto de trabajo digno, y vendría acompañada, indudablemente, de un aumento de la pobreza y de la marginación.

Desde un punto de vista progresista, se debe apostar por políticas activas de empleo, partiendo de una reforma global que adecue el sistema de contratación, que garantice la formación de calidad y la cualificación de todos los desempleados, posibilitándose el acceso a un puesto de trabajo.

Sin embargo, si queremos seguir avanzando hacia el Estado del bienestar y no apostamos por la sociedad de los dos tercios, hemos de defender el derecho subjetivo de los trabajadores a una protección por desempleo digna y suficiente.

Si se realiza una comparación de nuestro sistema de prestaciones por desempleo y complementos asistenciales con los países de la Comunidad Europea podremos comprobar que tenemos un nivel de prestación inferior.

Todos los países europeos, excepto Portugal, Grecia e Italia, tienen un nivel de subsidio por desempleo más elevado que el de España. Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda y Francia recogen algún tipo de subsidio con carácter indefinido para garantizar unos ingresos mínimos a sus ciudadanos, además de fórmulas similares al seguro de desempleo que se utiliza en nuestro país. Otros casos, como el de Dinamarca, contemplan prestaciones por desempleo de dos años y medio en periodos de tres años.

Es decir, el Estado ejerce una acción protectora para con sus ciudadanos en paralelo a una acción de reinserción en el mercado de trabajo en base a diferentes diseños de agencias públicas de empleo.

Rotación del mercado

La nueva Ley de Protección por Desempleo de 1984 da lugar a un aumento considerable de la población protegida, ya que amplía de forma importante la condición de beneficiario asistencial y el periodo de percepción, reconociendo la larga duración generalizada de la situación de desempleo.

Con estas medidas de impulso en el nivel asistencial, la tasa de cobertura de desempleo ha aumentado paulatinamente desde 1985, llegando al 54% en julio de 1991. Sin embargo, esto no implica que se haya aumentado el número de parado si con prestación. El fenómeno de la rotación del mercado de trabajo, motivado por contratos de corta duración, provoca que una misma persona puede estar en situación de desempleo y percibiendo prestaciones varias veces al año.

A raíz de estas observaciones, el problema actual de la cobertura de desempleo es que necesita objetivamente atender a dos tipos de colectivos. Mientras antes era un mecanismo de protección de los desempleados, ahora, junto a esta función, cumple la de compensar a los afectados por la precarización. Teniendo en cuenta la duración del desempleo y su estructura y la evolución normativa del sistema de protección por desempleo, se puede concluir que el efecto intermitencia afecta a unos 800.000 trabajadores temporales, aumentando el volumen de desempleados perceptores de prestación contributiva por este efecto desde finales de 1989 en unas 200.000 personas en media anual.

La política de mercado de trabajo, basada en la permisividad oficial frente al abuso y al fraude en la utilización de contratos de carácter temporal, restando productividad a las empresas, degradando las condiciones de trabajo e incluso. fomentando la competencia desleal, y por añadidura, actuando en contra de las arcas públicas.

El pasado año, el Presupuesto se vio desbordado por efecto de una mala presupuestación en general, y en el mes de julio se tuvo que proceder a un ajuste. El Presupuesto de 1992 se ha realizado de la misma forma, por lo que es de prever que el aumento de las partidas del Inem en un 33,3% no sea suficiente para cubrir el gasto.

A esto hay que añadir que la cobertura resulta más onerosa derivada de la eventualidad. Frente a esta situación, en lugar de plantearse una política de mercado de trabajo que acabe con la precarización, y en el intervalo elaborar una política presupuestaria ajustada a la evolución del gasto y a las necesidades futuras, se procede al planteamiento regresivo de asegurar que el gasto se desvía como consecuencia del elevado fraude existente en la percepción de prestaciones por desempleo. Se trata de obligar a la aceptación de cualquier oferta de trabajo, por inadecuada que sea, y de ligar la percepción a la asistencia a cursos de formación, convirtiendo algo positivo, como es mejorar la cualificación, en un castigo personal a los nuevos desempleados con experiencia laboral.

Control horario

Aunque sin querer pecar de pesimistas, dadas las actuales condiciones de la formación profesional, tanto en presupuestos como en su planificación en función de las necesidades del mercado, se hace difícil concretar la ejecución de un plan efectivo.

Por contra, con este mecanismo se va a conseguir que se convierta el Inem en un instrumento de control horario de los perceptores de las prestaciones, abandonando definitivamente las políticas activas y provocando el paso desde el desempleo a la inactividad, exactamente lo contrario de lo que cabría esperar de cualquier política de empleo, como demuestra el descenso en un 14,6% de lo presupuestado por el Inem en el conjunto de políticas de fomento de empleo.

Cabría preguntarse después de analizar la actual situación y las propuestas más o menos informales, o más o menos intencionadas, hacia qué Europa vamos, o quizás, hacia qué modelo social nos encaminamos.

Josep M. Álvarez es secretario general de UGT de Cataluña.