Fracasa la "mediación humanitaria" de Ruiz-Giménez en la huelga de la EMT

El concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla, anunció ayer que el expediente de regulación de empleo en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) planteado por el alcalde el viernes en un pleno "se puede llevar a cabo en 15 o 30 días". El edil adelantó su estrategia para resolver la huelga de los autobuses urbanos: esperar a que Magistratura falle sobre los despidos el 7 de abril y negociar un convenio de eficacia limitada con UGT, CC OO y CSIF para descabezar a la Plataforma Sindical. La mediación ayer de una comisión "humanitaria" de políticos e intelectuales fracasó.

El alcalde José María Álvarez del Manzano se lo ha transmitido nítidamente a su concejal delegado del área de Circulación: "Ni la ley ni la violencia se negocian; se cumplen". Esta máxima parece ser ahora mismo inamovible en el Ayuntamiento de Madrid, por lo menos hasta el 7 de abril.El alcalde se entrevistó en la mañana de ayer con una comisión delegada del sindicato mayoritario de la EMT (Plataforma Sindical), compuesta por el que fue primer Defensor del Pueblo de la democracia, Joaquín Ruiz-Giménez, y tres prestigiosos profesores universitarios: el catedrático de Bioquímica Faustino Cordón, el catedrático de Derecho Laboral y del Trabajo Luis Enrique de la Villa, y el profesor de Sociología Andrés Bilbao.

Los comisionados por la Plataforma Sindical para exponer la última propuesta de los trabajadores al Ayuntamiento se definieron como una delegación humanitaria preocupada por los trabajadores despedidos y por la situación de los usuarios del transporte público en Madrid. La oferta consistía en cambiar los 27 despidos -tramitados por organizar una huelga ¡legal el pasado 15 de enero- por una excedencia de empleo y sueldo de hasta seis meses. Además se avanzaban ideas sobre el nuevo convenio que se debe negociar.

Visita tardía

"Ha sido una visita tardía", reconoció a la salida de la reunión Ruiz-Giménez. "El alcalde nos ha explicado sus razones, aunque entendemos que hay otras". "Hasta después del día 7, cuando ya haya sentencia, no se puede hacer nada". Con estas frases resumió el portavoz de la comisión lo que calificó como un "sentir doloroso" por haber llegado tarde al conflicto, aunque abrigó alguna esperanza de resolución a partir de la fecha en que falle la Magistratura de Trabajo.

El alcalde fue respetuoso en sus declaraciones sobre los miembros de la comisión, pero marcó las distancias: "No tenían la información debida de las circunstancias de la empresa y del cumplimiento absolutamente inadecuado de los representantes de la plataforma, que han ejercido la violencia".

Pablo Rodríguez Peña, el líder de la plataforma, al que no se dejó entrar ayer en los edificios municipales, negó que la comisión estuviese desinformada: "Sabían todo, y simplemente no están de acuerdo con la injusticia de los despidos". El sindicalista culpó al alcalde de la continuidad actual de la huelga, "por su cerrazón".

"El lado humanitario, que a mí me acongoja y me preocupa, se verá después del aspecto jurídico", dijo el alcalde. Álvarez del Manzano afirmó que en estos momentos, tras dos meses de huelga y tras la intervención de los piquetes violentos, "desgraciadamente no es posible" aceptar la última propuesta sindical. El mandatario municipal recordó que el pasado domingo, en el transcurso de la marcha a Torrejón, numerosos manifestantes pertenecientes a la EMT profirieron insultos contra su persona.

El concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla, indicó, en esta línea, que "cada número del Camina o Revienta [la revista editada por la plataforma] es causa suficiente para un despido por insultos".

García Alarilla acudirá hoy al consejo de administración de la EMT en el que se dará cuenta de los más recientes balances económicos de la empresa ante la repercusión de la huelga, cuyos resultados adelantados hace unos días por el gerente se adivinan casi catastróficos. Las pérdidas se calculan sobre los 2.000 millones de pesetas tras corregir, por diversos conceptos (ahorro de salarios, entre ellos), los casi 4.000 millones no ingresados por viajes, subvenciones y falta de liquidez.

El edil mantiene que esta situación es insostenible y anunció que el expediente de regulación de empleo con el que amenazó el alcalde en el pleno del pasado viernes se puede imponer en un plazo no superior a 15 o 30 días. El concejal no quiso precisar a cuántas personas afectará este expediente, pero sí que se consensuará con la Comunidad en una próxima reunión del Consorcio Regional de Transportes.