Hacienda se persona en la suspensión de pagos de Cor por si existe dinero negro

El Ministerio de Economía y Hacienda se ha personado en el juzgado número 60 de Madrid, que tramita la suspensión de pagos que sigue adelante el grupo Cor, para "interesarse" por los 1.524 millones de pesetas que el citado grupo mantenía en una especie de cuentas corrientes y que no figuraban en el expediente de suspensión de pagos presentado en el juzgado, tal y como ha reconocido la empresa.Hacienda, normalmente, no se persona en las suspensiones de pagos pero en este caso y una vez conocida la existencia de esas cuentas en dinero b se ha interesado por ello, lo que la convierte en un acreedor prioritario. El Grupo Cor tomaba dinero de sus clientes y les comunicaba que lo invertía en activos financieros. Sin embargo, tras la suspensión, no quedó claro cuál era el desti no final de esos fondos.

Inhibir la quiebra

Por otra parte, el juzgado número 60 de Madrid que instruye el proceso de suspensión de pagos del Grupo Cor, ha solicitado al juzgado número 10 de Barcelona, que decretó la quiebra necesaria, que se inhiba en esta quiebra para que siga adelante la suspensión de pagos y los acreedores puedan comenzar a cobrar cuando se vendan los activos de la empresa.

Asimismo, el Grupo Cor ha enviado al juzgado de Madrid el pasado 27 de marzo el balance de situación de la sociedad. Este es el segundo paso en el proceso tras el primero que consiste en presentar el estado de situación con el expediente de suspensión de pagos, lo que se realizó el 24 de febrero.

En este balance hay cifras que cambian con respecto a las aportadas en febrero. Así, el activo de la sociedad se establece en 6.618 millones de pesetas frente a los 8.000 millones anteriores. El pasivo también cambia al pasar a 4.780 millones en lugar de los 3.142 millones que figuraba en el estado de situación del pasado 24 de febrero. Según estas cifras el activo es superior al pasivo lo que es valorado como positivo por los acreedores.

Este balance debe ser estudiado y aprobado por los tres interventores nombrados para el proceso de suspensión de pagos, Luis del Olmo y Marcelino Gallardo por el juzgado número 60 y José María González que representa a los acreedores. Este último lo hace en representación del Banco Europeo de Finanzas (BEF), primer banco acreedor.