Solchaga defiende la flexibilidad laboral como pieza básica de la convergencia con Europa

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, realizo ayer una encendida defensa de la flexibilidad laboral y del libre mercado como los caminos necesarios para la convergencia con Europa. La reforma del mercado de trabajo, que ayer aprobó en líneas generales el Consejo de Ministros, afectará a algunos colectivos de parados" y se llevará adelante con la esperanza de que "no ocurra nada grave" y aunque los sindicatos la rechacen con movilizaciones. Junto a ello se aplicarán medidas de liberalización económica que afectarán a los sectores financiero y de servicios en general, y a las empresas públicas, que verán congeladas las subvenciones que reciben del presupuesto del Estado.

, Solchaga insistió en que "no se trata de un ajuste severo" y ni siquiera "de un ajuste", sino de un esfuerzo para unos objetivos "perfectamente posibles". Solchaga concretó ayer este esfuerzó en una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y en la necesidad de que la economía española dé un paso definitivo en el proceso de liberalización y apertura al exterior. Estas dos líneas de actuación son las que permitirán a España cumplir los compromisos de Maastricht y, por tanto, situarse en 1997 entre los países de la CE con una economía más ajustada.La reforma del mercado de trabajo no fue presentada por el ministro como una necesidad para recortar el déficit público, sino como la mejor alternativa para crear empleo. La rigidez del franquismo y de la primera etapa democrática se saldé con una destrucción de empleo; a partir de 1985, fecha en la que el Gobierno del PSOE introdujo la contratación temporal, se han creado 1,7 millones de puestos hasta hoy, incluso con un crecimiento más moderado que en los 30 años anteriores.

"En un país con el nivel de paro más alto de la CE y una incorporación de la mujer al mercado de trabajo más baja", explicó Solchaga, "si queremos acercarnos a los niveles europeos de creación de empleo la flexibilidad del mercado de trabajo es fundamental".

Tras exponer estos argumentos, el ministro eludió revelar alguna medida que no fuera ya conocida, con la explicación de que primero hay que informar a las Cortes. La próxima semana, el propio ministro comparecerá en el Parlamento para explicar este plan de convergencia, aunque será necesario un nuevo Consejo de Ministros el próximo viernes para concretar las medidas en lo que respecta a la reforma laboral.

"No es una agresión"

Solchaga admitió que se trata de decisiones que "afectarán a determinados colectivos de parados". En concreto, aquellos que cobran el subsidio a pesar de que trabajan "de forma ilegal". Para eliminar este fraude, el Gobierno prevé penalizar el rechazo de ofertas de empleo y la no asistencia a los cursos de formación. El ministro afirmó que el sistema actual de prestaciones por desempleo desincentiva la incorporación al trabajo.

El fomento de la formación profesional, otra de las medidas previstas, se financiará en parte con la eliminación de algunas de las actuales bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que reciben las empresas por los contratos de fomento de empleo y prácticas.

El ministro pasó, sin embargo, como sobre ascuas en el aspecto más duro de la reforma: el recorte del subsidio de paro. A este respecto se limitó a señalar que se modificará todo el sistema, tanto la cuantía de la prestación como los periodos de cotización y la duración del subsidio. Sin embargo, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, confirmó la pasada semana que el periodo mínimo de cotización se ampliará de los seis meses actuales a un año.

El sistema de contratos temporales también será reformado al elevarse de los seis meses actuales a un año el periodo mínimo para algunos tipos de contratos. Para Solchaga, "se trata de una medida que los empresarios pueden aceptar".

De lo que ya no se mostró tan convencido fue de la acogida por parte de los sindicatos a este paquete de medidas. Según Solchaga, no hay motivos para hablar de "una agresión a los trabajadores" y por ello no espera "que ocurra nada grave". Aunque exista rechazo social a alguna de estas medidas, "el Gobierno las llevará adelante", con la esperanza de que se sume el mayor número de fuerzas. Un plan, añadió, que contempla incrementos moderados en los salarios reales no puede calificarse como un ajuste duro y, por tanto, no estaría justificado un rechazo frontal.

La liberalización económica se completa con una serie de medidas para desregular determinados sectores de actividad económica. Ello, sin embargo, "no implica que exista un plan de privatizaciones del sector público". Se trata, en este aspecto, de congelar las subvenciones que reciben las empresas públicas de los presupuestos.