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El ajuste para la unión monetaria dificulta el pacto social en la CE

Los planes de convergencia elaborados para lograr la unión monetaria aumentan las divergencias entre los doce países miembros de la CE sobre el contenido y el grado de aplicación del protocolo social que fue aprobado en la cumbre de Maastricht celebrada el pasado 11 de diciembre.

El Consejo informal de Asuntos Sociales de la CE, celebrado el jueves en la localidad de Alvor, en el Algarve portugués, decidió además darse un nuevo compás de espera hasta las elecciones británicas para comenzar a definir la Europa social.Un triunfo laborista el próximo 9 de abril permitiría al Reino Unido aceptar el protocolo sobre política social incluido en el tratado de Maastricht, que deja a los británicos al margen de cualquier compromiso en este terreno. Incluso un triunfo conservador obligaría a reconsiderar esa exclusión, según admitieron ayer fuentes de la delegación británica.

En el lado positivo de la balanza está la imposibilidad de evitar convenios colectivos a nivel europeo si los interlocutores sociales se ponen de acuerdo. Como precedente está el pacto en la multinacional Volkswagen para crear un comité intercentros de todas sus empresas.A pesar de la posibilidad que se abre, una vez ratificado el Tratado de Unión Europea, para que empresas y sindicatos puedan establecer convenios colectivos europeos, muchos países anteponen la prioridad de mantener márgenes de competencia de cara al mercado único y la unión monetaria. La muestra es que en la reunión de ayer, la primera convocada para analizar el impacto social del acuerdo de Maastricht, estuvieron ausentes los ministros de siete países (España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Grecia).

Plan español

El titular español de Trabajo, Luis Martínez Noval, se vio retenido en Madrid por la discusión del plan de convergencia en Consejo de Ministros. El Gobierno pretende, antes de que entre en vigor el tratado de Maastricht, reducir el gasto por desempleo y prestaciones sanitarias para ayudar a recortar el déficit público. Españaconfia en mantener costes laborales más bajos con las posibilidades que abriría la futura directiva de la CE sobre trabajo atípico, cuyo debate ha sido postergado al próximo semestre, bajo presidencia británica.Carlos Navarro, subsecretario de Trabajo, afirmó que "España defiende un impulso al diálogo social y está en contra de la limitación de la propuesta portuguesa, que condiciona la validez de los convenios europeos a su aprobación posterior por los Doce". Se negó sin embargo a valorar el posible deterioro de la protección social en España, porque "la posición la va a fijar el Gobierno". Los países del Sur de la CE han sido acusados por los del Norte como posible refugio de dumping social, pero ahora la amenaza se extiende a Gran Bretaña.

La directiva sobre regulación de jornada (horas máximas de trabajo semanal y descansos mínimos obligatorios) en la CE es la única importante en la agenda de la presidencia portuguesa. Esta norma se enfrenta al veto del Reino Unido y el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales previsto para el 6 de abril tendrá que ser aplazado para no interferir en el proceso electoral británico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de marzo de 1992

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