En la calle por una firma

La falta de una firma mantiene en la calle a 11 familias del barrio de San Fermín, en el distrito de Usera. Estos vecinos fueron desalojados el 10 de febrero de sus viviendas, en los números 43 y 45 de la calle de Oteiza, porque el edificio amenazaba ruina. El Ayuntamiento decretó la demolición del bloque y ofreció a sus habitantes, propietarios de los pisos, la permuta del suelo del edificio dañado por suelo público. Un mes después, todos ellos siguen sin vivienda. El dueño de uno de los locales comerciales considera que la oferta le discrimina.

El bloque 43-45 de la calle de Oteiza es ahora poco más que un solar. Sólo queda en pie parte de la planta baja, que pronto será derribada. Los antiguos habitantes duermen en casas de familiares y amigos o en un improvisado campamento instalado junto a las ruinas de lo que era su hogar. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) les propuso una permuta de suelos. Esto significa que a cambio del terreno de Oteiza cada vecino podría acceder a una vivienda municipal, tasada entre 3,5 y 4,5 millones de pesetas, pagaderos en 20 años.A los propietarios de las cinco lonjas comerciales, la EMV les indemnizaría con cantidades entre las 500.000 y las 900.000 pesetas. A aquellos que explotaban un negocio les daría también la posibilidad de comprar un local en un bloque municipal. Si el negocio estaba arrendado, la opción de conseguir otro local sólo correspondería al inquilino.

Este acuerdo es considerado "discriminatorio" por el dueño de una de las lonjas. Por eso no ha estampado aún su firma y mantiene paralizado todo el proceso. "Sé que los vecinos están pasándolo mal, pero yo no puedo aceptar que sólo me den 800.000 pesetas cuando a los propietarios que trabajaban su negocio les van a dar opción a otra Ionja", asegura. "Firmaría si me facilitan la compra de un local público o si me pagan unos tres millones de pesetas", añade.

El edificio fue construido por una cooperativa ferroviaria en 1968. En 1986, el departamento municipal de edificación deficiente conminó a los vecinos a subsanar los fallos de la cimentación del edificio, pero éstos replicaron que no podían soportar el coste de la obra. Las obras comenzaron por fin el 3 de febrero. Siete días después, el edificio era desalojado por peligro inminente de derrumbamiento.