Informe polémico

LAS RELACIONES de los sucesivos Gobiernos socialistas con el ministerio fiscal han estado dominadas por dos obsesiones: hacer a esta institución del Estado más permeable y receptiva a los criterios del Ejecutivo, y potenciar su iniciativa y presencia en todos los órdenes de la actividad jurisdiccional. Las dos obsesiones han provocado, por diversos motivos, un estado permanente de tensión que en ocasiones ha sido dificil de ocultar.Ahora estamos asistiendo a un enfrentamiento surgido a la superficie con motivo del malestar que ha creado en el Gobierno el informe fuertemente reivindicativo que le remitió el Consejo Fiscal, órgano de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. Dicho informe, avalado personalmente por el fiscal general, constituye un auténtico memorial de agravios sobre la situación, calificada de abandono, en la que se encuentra el ministerio fiscal.

Además de una serie de agravios comparativos con los jueces en el capítulo retributivo, el informe dibuja un cuadro de carencias en la infraestructura del ministerio fiscal verdaderamente preocupante: vacantes sin cubrir durante meses que afectan al 20% de la plantilla, nombramientos no ajustados a la legalidad, desatención en la formación de los miembros de la carrera fiscal, pasividad en la elaboración del nuevo reglamento que ha de sustituir al actualmente vigente (procedente de la época franquista) y absoluta falta de receptividad a las sugerencias legislativas formuladas en la memoria anual dirigida al Gobierno.

Pues bien, la respuesta dada por el Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia, no ha podido ser más desafortunada: la devolución pura y simple del informe por considerarlo más propio de una asociación reivindicativa que de un órgano institucional. Es posible que algunos de los aspectos del informe tengan un claro matiz corporativo e incluso que otros no estén ajustados a la realidad, pero todos merecen la atención del Gobierno. Existen también razones de cortesía institucional para ello: el órgano que reclama la atención del Gobierno es el Consejo Fiscal, el más representativo de la institución. Y su actuación está avalada, además, por el fiscal general del Estado. ¿Qué otra vía más institucional que ésta necesita el Gobierno para ser receptivo a los problemas y a las inquietudes que en un momento determinado pueden afectar al funcionamiento del ministerio fiscal?

Es difícil desligar el desgraciado desarrollo de este conflicto de las obsesiones que definen, de antiguo, las relaciones del Gobierno con el ministerio fiscal.

Parecería normal que el mismo Gobierno, que impulsa el protagonismo del ministerio fiscal en todos los frentes de la actividad jurisdiccional, mostrase la máxima preocupación por resolver las carencias que lo dificultan. No es posible, por ejemplo, que con más de 200 vacantes en su plantilla el ministerio fiscal pueda actuar a pie de proceso y estar presente, en todos los conflictos donde estén en juego los derechos ciudadanos y el interés público y social. Sin embargo, la reacción ha estado más en consonancia con una concepción ordenancista del ministerio fiscal que con el respeto que exige su autonomía e imparcialidad institucionales. Es lamentable que el Gobierno siga sin entender del todo que su facultad de nombramiento del fiscal general del Estado no le autoriza a interferir, desde criterios de oportunidad política o de otra índole, en la actuación del ministerio: fiscal. Y también lo es la tenaz persistencia de. esta incomprensión. Se manifiesta lo mismo con un jurista independiente como el magistrado Burón Barba -primer Fiscal General del Estado en la etapa socialista- que con un avezado y flexible político como el ex ministro Javier Moscoso y con un hombre como Leopoldo Torres que fue mil¡tante socialista hasta el día de su nombramiento. Hay pues, una constancia en este desencuentro que nada tiene que ver con las personas.