El principal centro hospitalario del Gobierno autónomo no practica abortos

La elevada tasa de paro femenino, la falta de guarderías y las deficiencias en los centros sanitarios acapararon ayer los debates de la Asamblea, que abordó los problemas que frenan la igualdad de oportunidades para el 52% de la población madrileña: las mujeres. En ese pleno, Izquierda Unida denunció que el principal hospital gestionado por la Comunidad, el Gregorio Marañón, no practica operaciones de interrupción voluntaria del embarazo.

La diputada de IU Teresa Nevado, que aportó los principales datos en la apertura del debate, destacó que sólo un 7% de los abortos legales practicados en la Comunidad de Madrid se efectúa en la red de hospitales públicos, principalmente en los de Alcalá de Henares y Leganés. Sin embargo, en el principal centro hospitalario dependiente del Gobierno autónomo, el Gregorio Marañón, no se hacen intervenciones para la interrupción del embarazo.El gerente del Gregorio Marañón, Francisco Cerviño, confirmó ayer a este periódico que en ese centro sanitario no se practican abortos "porque todos los médicos del servicio de ginecología son objetores de conciencia, como sucede en la mayor parte de los hospitales públicos". Cerviño se mostró dispuesto a "acatar" las resoluciones aprobadas ayer por la Asamblea para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

En la Comunidad de Madrid, según la exposición de Teresa Nevado, sólo trabajan 32 de cada 100 mujeres mayores de 16 años y menores de 65. Sin embargo, mientras la bonanza económica de los últimos años ha favorecido que la tasa de desempleo masculino haya bajado del 14% en 1988 al 9,5% en 1991, el paro femenino permanece estancado en torno al 17%. Además, cuatro de cada diez mujeres están ocupadas en actividades de economía sumergida, mientras que más de la mitad de las que tienen una situación regular de empleo trabajan en profesiones con escasa cualificación académica: limpiadoras, camareras, dependientas o auxiliares administrativas.

Las mujeres madrileñas con hijos se encuentran también con dificultades para acceder a puestos de trabajo. En la región hay unos doscientos mil niños menores de cuatro años, pero tan sólo 16.000 plazas en guarderías públicas subvencionadas. Al mismo tiempo, los 45 centros de salud que atienden a las mujeres arrojan una media de 26.700 pacientes.

La Asamblea de Madrid, que cuenta con 25 mujeres entre sus 10 1 diputados -frente aun 12% de parlamentarias en el Senado y en el Congreso de los Diputados-, es el órgano político con mayor representación femenina de la comunidad autónoma, en cuyos ayuntamientos figura en total un 15% de mujeres concejales. Y sólo existen 13 alcaldesas entre los 179 municipios de la Comunidad, pero que representan a apenas el 1% de la población regional. Nieves Fernández Crespo, del Partido Popular, es la que ostenta la alcaldía más importante, la de Boadilla del Monte (14.000 habitantes). Entre los 70 altos cargos del Gobierno autónomo únicamente figuran nueve mujeres, entre ellas la consejera de Integración Social, Elena Vázquez.

Subvención por hijo

Los diputados autonómicos votaron ayer un total de 18 propuestas, algunas de las cuales tendrán que ser asumidas por el Gobierno central para evitar que caigan en un saco roto. Otras tres resoluciones, presentadas por el Partido Popular, fueron rechazadas por el pleno. Entre estas últimas figuraba una iniciativa del PP para subvencionar económicamente a las mujeres madrileñas con hijos cuyas rentas sean inferiores a los tres millones de pesetas anuales. Izquierda Unida y PSOE se opusieron frontalmente a cualquier medida de fomento de la natalidad.

Los dos grupos de la izquierda sacaron adelante sus propuestas para favorecer la contratación de personal femenino en las empresas e incrementar la formación profesional de las mujeres, así como aumentar el número de plazas en las guarderías públicas y prohibir el uso de estereotipos sexuales en la publicidad que emita Telemadrid.

A propuesta de IU se aprobó, esta vez por unanimidad, pedir al Gobierno la creación de un fondo de garantía estatal para asegurar el cobro de las pensiones debidas por sus cónyuges a las mujeres separadas o divorciadas.