Fondos de Maastricht

EN LA cumbre europea de Maastricht, el pasado 11 de diciembre, el presidente Felipe González logró arrancar a los Doce un acuerdo para reforzar la cohesión económica y social. El objetivo es duplicar las ayudas para el desarrollo regional a los cuatro países más retrasados de la CE: España, Portugal, Grecia e Irlanda. El compromiso responde a la necesidad de compensar una parte del impacto desigual que la unión económica y monetaria tendrá en la periferia de la Comunidad. La convergencia nominal de las economías exigirá un ajuste mayor en los países menos desarrollados, que necesitan un apoyo para no ver agrandarse el retraso en un periodo en el que apenas quedará margen para políticas expansionistas.El nuevo reforzamiento de la cohesión guarda un paralelismo con el pacto de 1988, entonces logrado en pago a las menores ventajas que los países más atrasados sacarían del mercado único. Sin embargo, en el Tratado de Unión Europea la cohesión ha subido de rango y pasa de ser una política de apoyo a convertirse en uno de los pilares de la construcción europea. La corrección de los desequilibrios regionales se sitúa así entre las prioridades de la CE. En Maastricht, España logró, introducir en el tratado no sólo el reforzamiento de los fondos existentes, sino la creación de un nuevo fondo de cohesión, antes de finales de 1993, dedicado a financiar hasta el 90% de algunos proyectos de construcción de carreteras y programas medioambientales.

La Comisión Europea ha presentado ya las perspectivas. financieras para los próximos cinco años, en los que la factura de Maastricht significa aumentar el presupuesto de la CE progresivamente hasta llegar a. un incremento del 31 % en 1997. En total, la política agraria, el reforzamiento del papel exterior de Europa, la mejora de la competitividad industrial y la cohesión costarán unos 7,8 billones de pesetas más en los próximos cinco años. La mitad de ese dinero irá destinada a la cohesión. Si actualmente el desarrollo de las regiones en retraso absorbe el 27% del presupuesto comunitario, en 1997 representará el 33,4%. Contra esa propuesta se han levantado las voces de los principales pagadores: Alemania, Francia y Reino Unido. También Italia, Dinamarca y Holanda están en contra ante la perspectiva de pasar de beneficiarios a contribuyentes netos. Luxemburgo y Bélgica, asimismo deficitarios, se benefician de su condición de sedes de instituciones comunitarias.

El clima general de resistencia exige una nueva ofensiva diplomática del Gobierno para que el nuevo fondo sea efectivo en 1993. Sobre las cifras del acuerdo de Maastricht planean la amenaza de las rebajas y el peligro de un retraso en la adopción del nuevo marco presupuestario. La presidencia portuguesa parece poco decidida a forzar las cosas por el temor a un fracaso en su primera experiencia al frente de la CE. Después de Portugal, en el próximo semestre, asumirá la presidencia el Reino Unido, un país tradicionalmente reacio a aumentar las competencias y el presupuesto de la Comunidad. En 1993, el turno será de Dinamarca, y después, Bélgica, también opuestos a un acuerdo rápido. La Comisión reclama ayuda, porque si no se fuerzan las cosas la CE no podrá comenzar a afrontar los retos que se ha fijado. Para España, el mayor riesgo es el de que, mientras duran los debates, la cohesión pierda un año.