Una asignatura pendiente

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acudió a las últimas elecciones municipales y autonómicas con el estandarte de la renovación de la política de vivienda. Su promesa consistía en facilitar el acceso a la vivienda a 460.000 personas de 1991 a 1995 y en revitalizar el mercado de los alquileres, acabando con el decreto Boyer. La primera promesa parece encauzada. En 1991 se financiaron algo más de 60.000 viviendas. Los 400.000 pisos restantes son los que contempla el plan de vivienda.Los problemas surgen en el segundo reto. Al acometer la reforma del mercado del alquiler se planteó la posibilidad de realizar una renovación total, es decir, no sólo acabar con el decreto Boyer, sino de actualizar las rentas congeladas. Ésta era, al menos, la intención del ministro del ramo, José Borrell, y de su equipo.

Sin embargo, este planteamiento no tuvo una acogida unánime en el seno del Gobierno, a pesar de haber sido tratado en varias ocasiones. Esta falta de unanimidad tiene su explicación en los efectos políticos de la bomba sociológica que representa intentar actualizar las rentas congeladas. En el mundo de los alquileres de renta antigua se pueden encontrar situaciones tan extremas como que un banco ocupe una esquina señera de una gran ciudad por unos pocos miles de pesetas o que una persona jubilada pueda verse en la calle si se acomete una actualización de la renta que paga ahora.

Ante esta situación, el Gobierno tiene prácticamente decidido realizar esa gran reforma del mercado del alquiler en dos fases. En primer lugar, y de manera inminente, se aprobará el texto legal que certifique la defunción del decreto Boyer. Esta nueva normativa fijará en cuatro años el periodo. mínimo de duración de un contrato de alquiler, con rentas actualizadas anualmente según la variación de la inflación.

Actualización progresiva

La segunda fase requerirá, tal y como Borrell ha repetido en sus últimas apariciones públicas, un amplio consenso político. De hecho, el MOPT tiene preparados borradores con diversos escenarios para que la actualización de las rentas congeladas sea progresiva. De ellos, lo único que parece evidente es que las rentas de los locales comerciales van a entrar a competir en el mercado, y que sólo se mantendrá la subrogación dentro del matrimonio. En cualquier caso, fuentes próximas al Ejecutivo han reconocido que "este problema debe estar solucionado antes de que finalice la presente legislatura".

De momento, el retraso está produciendo un efecto perverso en el mercado. En las grandes ciudades, alquilar una vivienda digna por menos de 60.000 pesetas al mes es una tarea casi imposible.