Juristas y periodistas creen que el futuro Código Penal es una grave amenaza para la información
Juristas, periodistas y empresarios de la comunicación rechazan de forma casi unánime el tratamiento que hace de las conductas relacionadas con la información el texto actual de¡ anteproyecto de Código Penal, según los diferentes sectores consultados. La opinión general es que nos encontramos "ante una de las mayores y . más graves amenazas contra la libertad de expresión". Los expertos coinciden en que el nuevo delito de difamación es innecesario y representa un serio riesgo para el derecho de los ciudadanos a la información, constitucionalmente reconocido.
Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, ha calificado esta pretensión de cambio de "gravísima, entre otras cosas, porque rompe el esquema anterior, al introducir la inseguridad jurídica y el caos que lleva consigo". Una de las primeras consecuencias negativas del nuevo texto será, según este jurista, la extensión del temor entre los informadores.Para este catedrático, es una revancha contra la prensa, "a la que se le acabarán las pautas jurídicas para saber qué es lo que tiene qué hacer y lo que no". "Se mantienen criterios a veces en contra de la jurisprudencia del Constitucional y delitos franquistas tales como el ultraje a la bandera, y se potencia la pena para el delito de desacato". "Los delitos contra personajes públicos se consideran más graves que los cometidos contra una persona particular", agrega.
Para Gimbernat, el tratamiento de los periodistas contrasta "con el privilegio de los políticos en orden a los aforamientos y a los suplicatorios".
Delito innecesario
Mare Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional, considera positivo que el anteproyecto intente recoger la doctrina del Constitucional para resolver el conflicto entre libertad de expresión y derecho de información, por un lado, y derecho de personalidad (honor e intimidad) y propia imagen, por otro. "Ahora bien" añade, "lo que hace el anteproyecto es algo innecesario, crear un nuevo tipo penal: el delito de difamación, en el artículo 205 del anteproyecto. Esto es innecesario, porque desde hace tiempo, en distintos ámbitos de doctrina jurídica, se considera la necesidad de retirar del Código
Penal el delito de la injuria. El anteproyecto lo mantiene, y añade otro: la difamación".,
La línea del anteproyecto crea, en opinión de Carrillo, más confusión y mayor voluntad represiva, al aumentar los tipos delictivos. "Vinculada a esta voluntad represiva se encuentra la introducción de la pena de inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodista. Además, el anteproyecto introduce una figura curiosa, cuando no mezquina: la del periodista arrepentido".
El también catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, estima que sobran penas y que existen en el nuevo texto conceptos jurídicos indeterminados, muy peligrosos en derecho penal, tales como "imputar maliciosamente".
López Garrido opina que no se pueden meter en el mismo saco intimidad, fama, imagen ydignidad. Además, el Constitucional valora más la libertad de expresión que la fama o la imagen. "El anteproyecto supone una represión especial para determinadas actuaciones, que deberían estar contempladas en la vía civi1% concluye.
El catedrático de Derecho Penal Carlos García Valdés, que ha sido uno de los ponentes del anteproyecto, lo asume tanto en su calidad de ponente como en la de catedrático y explica que se ha optado por la tipificación tripartita de los delitos contra el honor -a la calumnia e injuria se le ha sumado la difamación-, "como mantienen legislaciones de varios países europeos, entre otros Alemania e Italia". García Valdés considera la difamación como la divulgación de datos de la vida privada absolutamente innecesarios para la objetividad de la noticia.
Pedro Crespo de Lara, profesor de Ciencias de la Información y secretario general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), señala que el delito de difamación es innecesario porque los de injurias y calumnias protegen suficientemente el honor.
Profesionales y empresarios, radicales
Las reacciones de los medios de comunicación han sido unánimes y radicales contra el futuro Código Penal, en lo que se refiere a la libertad de expresión. Para el representante de los editores de prensa españoles, Pedro Crespo de Lara, el anteproyecto pretende hacer más dificil el trabajo periodístico y daña el grado de libertad de expresión."Sería muy conveniente, por todas estas razones, añade, "que antes de elevarlo a proyecto se oíga a las representaciones interesadas, tales como asociaciones de periodistas y de editores y también a los colegios de abogados".
Javier Gimeno, presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Privada (AERP) y vicepresidente de la Asociación Europea de Radiodifusión (AER) y de la Asociación Internacional de Radios Privadas, ha declarado: "La lectura de los artículos afectados me lleva a pensar que estamos ante una táctica represora sobre los enemigos de esta nefasta reforma". Para Gimeno, el anteproyecto va en contra de las corrientes europeas y mundiales en materia de libertad de expresión, "donde la difamación es inevaluable como concepto". "Esta situación supone un síntoma más de gran inquietud para todos los que defendemos el periodismo independiente en un país en el que está retrocediendo el sistema de libertades", ha concluido el presidente de la AERP.
La Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) ha anunciado para los próximos días una reunión "para abordar este tema de capital importancia". El periodista Antonio Petit Caro, vicepresidente de la federación, ha señalado, entre otros "aspectos negativos del anteproyecto, que el nuevo tipo penal que se crea eleva a categoría de responsabilidad penal lo que hasta ahora es responsabilidad civil, lo que lleva a una restricción de la libertad de expresión". Petic Caro añade que, además, la tipificación de la calumnia y de la injuria resulta innecesaria".
Para Petit, está claro que el Gobierno busca, de forma indirecta y muy poco sutil, una regulación de la libertad de prensa. Petit Caro sugiere: "Quizás sea un mecanismo de defensa del Gobierno, acosado por fantasmas que cree ver en los medios informativos. Esa sensación de acoso no responde al acoso real que existe".
"Por otra parte" ha añadido, la pena de inhabilitación para los periodistas me recuerda al subterfugio de la ley Fraga, que favorecía la creación de hombres de paja. Es una barbaridad, porque el que quiera transgredir la ley lo va a hacer por este mecanismo".
