El dueño de un piso echa a un inquilino que no podía pagar una subida de 76.000 pesetas

Francisco Barjola está agobiado. El dueño del piso que alquiló hace cuatro años por 42.000 pesetas le ha aplicado el decreto Boyer y lo ha desahuciado. "Quería subirme la renta, de golpe, a 125.000 pesetas, y mi sueldo [120.000] no da para tanto". "Si no puedes, tienes que dejar la casa", asegura que le dijo Luis Urech, dueño de los 10 pisos que forman el inmueble, ubicado en el número 4 de la calle de Castelló. Éste es un caso más de los efectos del referido decreto.

Francisco Barjola, su hermana y dos sobrinos tuvieron que dejar la vivienda, obligados por un juez, y tras un año de pleitos, la pasada semana. Desde que el magistrado le envió, el pasado 8 de enero, la orden de desalojo, Barjola no cejó de comprar el Segunda Mano y de dar vueltas por Madrid en busca de un piso asequible a su débil economía.Tras patearse media ciudad encontró hace unos días, por fin, una vivienda en el barrio de Campamento. Setenta mil mensuales y tres habitaciones. "El domingo pasado lo vimos sacando los muebles del edificio", señaló ayer una de sus antiguas vecinas de la calle de Castelló.

Poco después de recibir la orden de desahucio, Barjola se derrumbó anímicamente: "No sé qué hacer ni adónde ir", comentaba, impotente.

El desahuciado compartía la vivienda de la calle de Castelló con su hermana, desempleada y separada, y dos hijos de ésta. En los momentos más críticos, cuando no sabían qué hacer ni dónde ir, ambos hermanos llegaron a plantearse la posibilidad de internar a los niños, de 12 y 8 años, en un colegio gratuito de la Comunidad.

Barjola, empleado de hostelería, alquiló la vivienda que ha tenido que desocupar (de unos 100 metros cuadrados) en 42.000 pesetas el 1 de enero de 1987. Entonces acordó con su arrendatario, Luis Urech, subir anualmente la renta de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC). Así ocurrió hasta noviembre de 1990, cuando el alquiler ascendía a 49.000 pesetas. Ese mes, evoca, su casero le dijo que si quería renovar el contrato tenía que pagarle 125.000 pesetas desde enero de 1991, 76.000 más al mes que hasta entonces: un 255% de incremento. Es decir, o el aumento brutal o volver a buscar casa.

El decreto Boyer permite renovar los contratos cada año. En teoría debe aplicarse un aumento del IPC, pero los dueños amenazan a los inquilinos con no renovar el contrato si no acceden a pagar cantidades superiores.

"Cuando le dije que mi sueldo no daba para tanto", recuerda Barjola, "insistió en que tenía que irme, y puso la excusa de que necesitaba la vivienda para un familiar". Barjola afirma que eso es "mentira". Y lo argumenta: "Después ha alquilado otras casas, por más de 100.000 pesetas, a gente que no son precisamente familiares suyos".

Recibos dudosos

Luis Urech ha asegurado que la causa del desahucio no radica en el dinero. El dueño mantuvo este diálogo con un redactor de este periódico:-El inquilino dice que le ha pedido recibos legales del alquiler con objeto de desgravar a Hacienda y que usted se ha limitado a darle otros que no sirven para ese menester.

-Eso es mentira. Le he facilitado recibos siempre que los ha pagado, y todos legales. Otra cosa es que él no sepa cómo son los recibos legales.

-¿Le debe alguna mensualidad?

-Sí: todas las del año pasado [desde que empezó el pleito]. Pero se las he perdonado. Lo que quiero es que se marche de la vivienda, porque la necesito.

-Su inquilino argumenta que, con posterioridad al aviso para que dejase libre la vivienda, usted ha alquilado otras en el mismo inmueble, y ninguna de ellas a un familiar.

-Es mentira, pero no tengo por qué contestarle.

En septiembre del año pasado (nueve meses después de comunicarle a Barjola que supuestamente necesitaba el piso para un familiar), Luis Urech alquiló a unas estudiantes francesas el segundo izquierda por 120.000 pesetas, según han manifestado los propios arrendatarios a este periódico.

Este casero tiene alquilado el tercero derecha de ese bloque, el que hay situado enfrente del que tenía Barjola, en 125.000, y el segundo derecha, en 90.000. Igual precio pagan los del segundo izquierda, a los que también les subió de golpe 30.000 pesetas. "Ahora estamos asustados, pues el contrato cumple dentro de poco y no sabemos qué piensa hacer el dueño", asegura la inquilina de este último inmueble.

El bloque de 10 pisos que posee Urech en la calle de Castelló incluye también dos buhardillas y dos pisos de renta antigua. Por uno de ellos, afirma Barjola, "cobra 12.000 pesetas al mes, más una gratificación aparte de 5.000 que le da el inquilino".

Ahora, cuando lo peor ya ha pasado, Francisco Barjola recuerda con amargura el día que su arrendador le dijo que cuando se marchara volvería a alquilarlo a un precio superior y que en sólo unos meses, con las 125.000 que pide de alquiler, recobraría el dinero que ha dejado de percibir en 1991 como consecuencia del pleito.

Recuerdos ingratos

Semanas antes de que encontrara su nueva vivienda de Campamento, Barjola refirió también, visiblemente desolado: "Los niños están por medio. ¿Adónde los llevamos ahora, a mitad de curso? Hemos estado mirando algunos pisos, pero todos son muy caros y no podemos pagarlos. Mi nómina es de 77.000 pesetas, aunque al mes suelo cobrar, netas, unas 120.000".Barjola sentenció: "No hay derecho a este atropello; siempre he pagado todas las mensualidades sin retraso: medio millón al año. Y todo a pesar de que la casa tiene goteras y necesita reparaciones que el dueño siempre se ha negado a realizar. Me ofreció 50.000 pesetas para que me fuera, pero ¿a dónde podíamos ir con ese dinero?".