Llega al Tribunal Supremo de Irlanda el caso de aborto de la niña violada

El Tribunal Supremo irlandés empezó ayer a examinar el caso de la joven de 14 años, embarazada por una violación, a la que se ha prohibido viajar al Reino Unido para abortar. Toda la presión social en torno al caso está centrada ahora en el alto tribunal, que se ha comprometido a emitir una resolución esta misma semana.

El Gobierno espera que los magistrados encuentren una fórmula legal que esquive el inequívoco mandato antiabortista contenido en la Constitución, la cual ordena proteger la vida del feto "por encima de cualquier otra consideración", y permita que la joven aborte en Gran Bretaña, donde dicha intervención es legal.El Tribunal Supremo debe confirmar o rechazar una sentencia de la High Court de Dublín (equivalente a la Audiencia Nacional española) que prohibía a la joven viajar fuera de Irlanda para impedir que cumpliera. su propósito de abortar. Esta sentencia se produjo después de que el padre de la adolescente preguntara a la policía si necesitarían tejidos del feto para basar la acusación contra el violador. La pregunta se convirtió en una declaración de intenciones abortistas y forzó la intervención de oficio de la Fiscalía del Estado.

Los abogados que representan a la joven y a su familia argumentan que la decisión de la High Court se opone a la misma esencia de la Constitución irlandesa, que garantiza las libertades civiles, incluido el derecho a abandonar el país, y se opone también a las convenciones de la CE.

Este dramático caso ha renovado el antiguo enfrentamiento entre abortistas y antiabortistas, que divide a la sociedad irlandesa desde el referéndum de hace nueve años. En aquella ocasión vencieron por dos tercios a uno los partidarios de prohibir completamente el aborto.

La posibilidad de un nuevo referéndum este año (que debería celebrarse antes de la aprobación de los acuerdos de Maastricht, en junio) resulta alarmante para el Gobierno, vista la crispación de las manifestaciones a favor y en contra del aborto celebradas este fin de semana en Dublín. El Gobierno conservador de Albert Reynolds, elegido primer ministro hace menos de un mes, confía en que el Tribunal Supremo sepa capear el temporal y resuelva la situación de la joven, inaceptable incluso para la muy influyente Iglesia católica irlandesa. Varios obispos han señalado este fin de semana que la chica "tiene derecho a viajar", lo que puede interpretarse como una sugerencia sobre la necesidad de hacer la vista gorda, igual que se hace con las 4.000 jóvenes irlandesas que cada año abortan en ciudades británicas.