El 'no' de las islas

Las relaciones entre Canarias y Madrid se han agriado desde el pasado día 20 de enero, en que esta comunidad se negó a firmar el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación, en contraste con la conformidad del resto de las autonomías. El no de las islas obedece al déficit histórico que arrastran en inversiones estatales para infraestructuras y a la "insensibilidad" demostrada por Madrid hacia el hecho insular. La falta de sintonía, ante un problema siempre lejano como el canario, acentúa la distancia geográfica y amenaza con radicalizar las posturas.

Lo que más llama la atención en el nuevo enfrentamiento Canarias-Madrid es que la coalición entre un partido nacional, como el PSOE, y el nacionalismo de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) en el actual Gobierno autónomo hizo presumir, tras las pasadas elecciones, que entre el Estado y el archipiélago iba a haber una luna de miel bautizada por ambos socios como pacto de estabilidad, y no un diálogo imposible entre el Norte y el Sur.Tanto el modelo de financiación como las inversiones es tatales en carreteras son dos cuestiones capitales, que definirán las relaciones entre las islas y la Administración central Estamos, por tanto, ante el gran debate sobre el futuro de Canarias. En cuanto al primer asunto, el archipiélago viene reclamando una mayor compen sación para contrarrestar el principal handicap de su desarrollo, la insularidad pues, según la oferta oficial hecha por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, al consejero canario de Economía y Hacienda, José Miguel González, le corresponderían poco más de 21.000 millones de pesetas (del total de 119.000 millones anuales que fija el nuevo sistema para esta autonomía); cifra que representa unos 10.000 millones menos de lo que percibía hasta ahora.

Respecto a las obras públicas de infraestructura, el Gobierno canario pide que se respete el acuerdo que ya alcanzó con el ministro del ramo, José Borrell, tras dos años de litigio, por el que a lo largo de la próxima década, el Estado se compromete a invertir 150.000 millones de pesetas en el archipiélago, a razón de 15.000 millones por año. Canarias asumió en su momento la competencia de esta materia, pero carece de recursos para darle contenido, como reconoce la Administración central.

El conflicto estalló desde el momento en que el Ministerio de Economía y Hacienda condicionó una mejora en la oferta de financiación a la rebaja de los 150.000 millones para carreteras. El no de las islas ante esta disyuntiva ha colocado al presidente autonómico, el socialista Jerónimo Saavedra, enfrente del ministro Carlos Solchaga, que trata de imponer su ley con la espada de Maastricht a una comunidad deficitaria en infraestructuras básicas. Los empresarios de la construcción han calculado que Canarias necesitaría invertir el doble que hasta ahora en los próximos 10 años para nivelarse con la media nacional.

El presidente canario cuenta con el respaldo del Parlamento, ayuntamientos, empresarios y sindicatos, es decir, el mayor apoyo político y social que se ha dado jamás en las islas a lo largo de 10 años de autonomía, para librar esta batalla con Madrid. Saavedra, por el PSOE, y el vicepresidente Manuel Hermoso, por las AIC, se juegan la razón de ser de su pacto de gobiemo; de ahí la importancia de este pulso. Las AIC acordaron la pasada semana llevar ante los tribunales las diferencias de Canarias con Madrid si las negociaciones fracasaran definitivamente. En la misma línea, Saavedra, que remitió un informe sobre este contencioso a Francisco Fernández Marugán, responsable de Asuntos Económicos del PSOE, anuncia que Canarias está en su derecho de presentar, tal como plantean las AIC, un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de financiación autonómica y de impugnar los presupuestos generales del Estado ante el Constitucional.

La discusión, aún sin resultados, entre Saavedra, que es miembro de la ejecutiva federal del PSOE, y Solchaga, tiene de particular que los canarios aseguran estar defendiendo sus "derechos constitucionales". Paradójicamente, en 1989, fue el ministro de Economía y Hacienda quien amenazó, con la Constitución en la mano, a Canarias, para que aplicara el descreste arancelario al que estaba obligada tras ingresar en la Comunidad Europea (CE). Aquel acto de rebeldía insular, conocido con el nombre de guerra de los arbitrios, se resolvió al aceptar Madrid indemnizar a los cabildos.

Lo que ahora reivindican las islas les corresponde por ley, según sostiene el Gobierno, pues tanto la Constittición como el Estatuto de Autonomía establecen la responsabilidad del Estado de financiar la insular¡dad, pese a que la Administración central ha evitado asumir hasta ahora como ha podido el coste real de esta carga presupuestaria. Asimismo, en la reforma fiscal para Canarias aprobada en las Cortes en junio pasado, el Estado nuevamente se comprometió a contemplar en sus presupuestos generales una partida para inversión en infraestructuras insulares, cosa que no ha cumplido en el actual ejercicio. Las autoridades canarias prevén que, de persistir la intransigencia del ministro de Economía y Hacienda, pondrán el caso sobre la mesa del presidente del Gobierno, Felipe González.