El canon anual más la publicidad
A través de la redevance o canon anual, los franceses pagan directamente la mitad del presupuesto de la televisión pública de su país, compuesta hoy por dos cadenas, Antenne 2 y FR-3. El Estado recauda por ese sistema unos 3.300 millones de francos anuales (unos 60.000 millones de pesetas), que suma a los 2.300 millones de ingresos publicitarios de Antenne 2 y FR-3. Aun así, la televisión pública francesa es deficitaria, y en la actualidad su presidente lleva adelante un drástico plan de saneamiento.
El extranjero recién llegado a Francia constata que su televisor en sistema Pal no funciona en este país, el único o uno de los pocos que en este mundo usan el sistema Secam. Se dirige entonces a un comercio, compra un aparato francés y ve con simpatía cómo el vendedor toma minuciosamente sus datos personales y los de su vivienda. Ignorante por completo del sistema de la redevance, el extranjero piensa que ese exhaustivo cuestionario tiene por objeto asegurar un eficaz servicio posventa.
Recargo por demora
Meses después, el extranjero recibe en su casa una carta del Centro Regional del Canon, que le exige el pago de unos 550 francos. No hace el menor caso, y dos meses después una nueva misiva le anuncia que debe pagar un recargo del 30%. Esta segunda comunicación va acompañada de las amenazas de embargo características de las administraciones públicas. El extranjero comprende entonces que aquel amable vendedor ha remitido sus datos. En una palabra, está fichado.Todos los hogares franceses que posean, por compra, préstamo, alquiler o regalo, uno o más receptores de televisión tienen que pagar el canon anual. Se supone que, a cambio, la televisión pública le ofrece un servicio poco cargado en publicidad comercial y de alta calidad. Si lo primero es cierto en relación a España, lo segundo es más dudoso.
Si uno se desprende de su aparato sin reponerlo, puede entonces formular una petición de baja al Centro Regional del Canon. Sólo están exentas del pago de la redevance las personas de más de 60 años que vivan solas y no estén sujetas al impuesto sobre la renta y los inválidos civiles o militares. Eso significa un 20% de los 19 millones de aparatos registrados en el país. Y, si las cuentas no salen, es porque, pese a todo, hay gente que no paga.
