Enésima demora en el 'caso Alcalá 20'

Los familiares de los 82 muertos en el incendio de la discoteca Alcalá 20, ocurrido en 1983, deberán seguir esperando justicia casi nueve anos después. El plazo de presentación de calificaciones de los acusadores particulares en el proceso -que expiraba ayer- ha sido dilatado por segunda vez, según uno de los letrados. La explicación es la misma que hace un mes: la Administración negocia una indemnización, aunque ahora asegura que la solución es inminente.

El 17 de diciembre de 1983, un incendio en la discoteca Alcalá 20 causó la muerte de 82 personas y heridas a 28 más que aún sufren secuelas. La investigación del suceso se demoró por los recursos de los implicados en el caso y no se abrió juicio oral hasta mayo del pasado año por la Audiencia de Madrid. Están procesados por imprudencia temeraria el ex concejal del Ayuntamiento socialista, Emilio Garcia Horcajo, los cinco empresanos de la discoteca, el arquitecto y aparejador del local y un funcionario del Ministerio del Interior, Guillermo Herranz.Cuando se cumplieron ocho años de la tragedia, el pasado diciembre, los abogados de los afectados y la Administración negociaban. Si los poderes implicados -Ayuntamiento de Madrid y Ministerio del Interior- indemnizaban a las familias, sus abogados retirarían los cargos contra los representantes de la Administración procesados. Pero llegó el día 13 de enero, última jornada para que los abogados acusadores presentasen sus calificaciones ante el tribunal. El abogado del Estado pidió un mes más para poder negociar con tranquilidad las indemnizaciones. El letrado de 58 familias, Antonio García Pablos, hablaba de una acuerdo verbal con la Administración para indemnizar con 13 millones y medio por muerto a las familias. Incluso se reririó a la aprobación de un crédito extraordinario. Interior se limitó a reconocer que se estaba negociando, pero dijo que no, se podía hablar de cifras.

Inminente

Un mes después, el tribunal ha ampliado el plazo, como en el pasado mes de enero, esta vez a petición de Antonio García-Pablos. En esta ocasión habrá que esperar hasta el 13 de mayo para saber cuales son las calificaciones, según el letrado.Sin embargo, en los documentos que acompañan esta petición, aparece la palabra "inminente". El abogado del Estado señala que sigue instrucciones de los Ministerios de Economía y Hacienda e Interior e informa al tribunal que "existe la previsión de resolver inminentemente" las peticiones de los afectados, es decir, la indemnización.

También el representante del Ayuntamiento de Madrid asegura que el consistorio "va a proceder, con carácter inminente, a someter a para su aprobación en pleno el acuerdo para conceder una "ayuda humanitaria" a los afectados.

Antonio García Pablos aseguró, como en otras ocasiones, que las indemnizaciones serán de 13 millones y medio por víctima, unos 1.200 millones.

Fuentes de Interior confirmaron esta cifra y añadieron que existe un acuerdo por el que su departamento fianciará la mitad del dinero y el Ayuntamiento, a la espera de que el plano dé luz verde a las ayudas, el resto.