Los líderes políticos suecos se echan a la calle contra la ola de racismo

La clase política sueca en pleno, ministros, parlamentarios, partidos, jerarquías de la Iglesia y los reyes de Suecia manifestaron la noche del miércoles su categórico rechazo a la ola de racismo desatada en el país y su solidaridad con las víctimas de los atentados. Por encima de diferencias, los parlamentarios participaron en una marcha con antorchas desde la sede del Congreso hasta la catedral de Estocolmo y allí representantes de todos los partidos expresaron sus coincidentes puntos de vista.

La manifestación demostró el alto grado de toma de conciencia sobre el problema del racismo, pues incluso sectores que preconizan una política de asilo más restrictiva de la que Suecia ha tenido hasta ahora se sumaron a la condena de la violencia y de la xenofobia.La cuestión del racismo y de la hostilidad hacia los extranjeros ocupa un lugar preferente en las preocupaciones del país desde el atentado del 30 de enero, el último de la serie, en el que un palestino de 41 años resultó gravemente herido de dos tiros en la cabeza.

El auge de algunos grupos neonazis en Suecia, que tienen en los extranjeros de piel oscura un blanco preferido, hizo que muchos establecieran una vinculación entre aquéllos y los últimos atentados cometidos, primero por el llamado hombre del láser y, luego, por un enmascarado solitario que la policía cree es el mismo individuo. En ese caso, la hipótesis más verosímil sería la de una campaña de terror plan¡ficada y organizada contra la que hasta ahora la policía no ha tenido éxito. La teoría del loco suelto insinuada por la policía y aceptada en algunos sectores del Gobierno es rechazada por los inmigrantes.

Posible ilegalización

Las organizaciones neonazis o racistas no están prohibidas en Suecia, pero lo que sí puede ser penalizado son las acciones o la prédica violenta. Tras los últimos sucesos se comenzó a debatir la posibilidad de endurecer esa legislación e incluso el Partido Socialdemócrata, ahora en la oposición, ha insinuado estar dispuesto a aceptar ese cambio. El Gobierno, de centro derecha, no tiene una posición unánime al respecto ya que piensa que la prohibición de dichas organizaciones podría tener efectos contrarios a los buscados.El primer ministro, Carl Bilt, conservador, ha sido acusado por la oposición, lo mismo que por asociaciones de inmigrantes, de ser demasiado tolerante frente a los brotes de violencia racista y se le ha exigido que hable claramente sobre el problema. Bilt ha comparecido en televisión para defender el derecho de todo ciudadano, cualquiera que sea su procedencia o el color de su piel, a vivir con seguridad en el país. El primer ministro piensa, no sin buenas razones, que el problema del racismo, sobre todo en este país, no se resuelve con una legislación, sino que exige un trabajo permanente de todos los estamentos de la sociedad.