Soto del Real deniega la licencia para la cárcel

La corporación de Soto del Real acordó en un pleno celebrado ayer denegar la licencia de construcción para el proyecto, presentado por el Ministerio de Justicia, de un gran centro penitenciario que contará con más de 2.000 celdas y que servirá como residencia para otros tantos reclusos. En el Ministerio de Justicia, la nueva cárcel es un proyecto prioritario que hay que sacar adelante. Los ediles consideran que las administraciones central y autonómica atropellan su propia autonomía para hacer el penal.

Todos los grupos políticos de Soto del Real con representación municipal -CDS, con cuatro concejales; Partido Popular, con cuatro, e Independientes, con dos- se opusieron a la instalación del penal en la localidad. El único concejal del PSOE, José Luis Izquierdo, se abstuvo en la votación.Una de las cuestiones que se trató en el pleno municipal de ayer fue si el terreno en donde se quiere edificar el centro, de 650.000 metros cuadrados, cuenta o no con la correspondiente licencia de obra, ya que el ex consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, dio luz verde al proyecto en 1989, sin contar con el visto bueno del Ayuntamiento de esta localidad. Este asunto se encuentra en estos momentos en el Tribunal Superior de Justicia.

El alcalde de esta localidad, el centrista Domingo Eladio Navarro, se queja de que además este proyecto supera a otro anterior, "que era seis veces menor que el actual, que ocupa una extensión de 20.000 metros cuadrados edificables; cuenta con dos torres de 70 metros de altura [equivalente a 20 pisos] y edificios que superan los l6".

El alcalde de Soto esgrime también las normas subsidiarias que existen en el pueblo: el suelo en donde se quiere ubicar está calificado como "no urbanizable" y de "especial protección ganadera". Los terrenos, que se encuentran en el límite del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, fueron comprados por Justicia hace dos años a un particular, sin necesidad de expropiar.

Los concejales, que expresaron su malestar por la actitud que ha mostrado la Administración central y autonómica, "atropellando nuestra propia autonomía", dijeron que el proyecto va más allá de un penal. "Es una ciudad penitenciaria", indicó el independiente José Luis Pérez Herrero. El edil del PP Ricardo Suárez dijo que el proyecto era "una urbanización de presos. camuflada".

En el proyecto inicial estaba previsto que el centro, llamado Madrid 2 , fuera únicamente para mujeres y en régimen abierto, y contaba con una capacidad para 350 reclusas. La nueva cárcel será utilizada tanto para hombres como para mujeres. Instituciones Penitenciarias espera terminar las obras de la nueva carcel en septiembre de 1993, lo que significa que las obras tendrían que empezar antes del verano.

Ocho alcaldes de la zona tienen previsto pedir hoy al consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, "que se cumplan las normas urbanísticas vigentes en el municipio", comenta Eladio Domingo. Estas normas fueron aprobadas por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento en 1987.

Los alcaldes de esta zona de la sierra consideran que la instalación del penal supone "una grave amenaza ecológica y medioambiental" y "un choque frontal contra los vecinos de Soto del Real, Miraflores de la Sierra, El Boalo, Manzanares del Real, Navalafuente, Bustarviejo, Colmenar Viejo y Guadalix de la Sierra".