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La Administración asume los desperfectos del atentado de ETA con inusual celeridad

Juan Antonio Carbajo

El atentado que el jueves mató a cinco personas y dañó 224 viviendas del centro de Madrid ha tenido una inusual respuesta de las administraciones. El Ayuntamiento ordenó la inmediata reparación de los inmuebles, y el Estado se comprometió a pagar la factura, estrenando así una partida inédita en sus presupuestos: la dedicada a compensar pérdidas materiales por actos terroristas. Fontaneros de cinco empresas, cristaleros de 11 casas distintas, siete cuadrillas de carpinteros y varias docenas de obreros se afanaban ayer en reparar los desperfectos materiales que provocó ETA.

Los inquilinos de los aledaños de la plaza de la Cruz Verde tuvieron más suerte que los de Latina o San Blas, que también sufrieron el latigazo de una explosión terrorista hace cuatro y ocho meses, respectivamente. El Ayuntamiento reunió a un centenar de obreros para reconstruir la zona a las pocas horas del atentado que en la mañana del jueves segó la vida de cinco personas y dejó a una sexta en estado grave.El Ayuntamiento ni siquiera se tiene que preocupar por la factura. El delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, recordó ayer que el Estado tiene una partida de 200 millones de pesetas para este fin.

Un mes de trabajo

¿Por qué tan inusual celeridad? "En ese momento se me olvidó de qué administración eran las competencias", respondió ayer el alcalde, José María Álvarez del Manzano. "Pudieron las ganas de arreglar el problema". El alcalde y Crespo acordaron la operación la mañana del jueves, en la misma plaza de la masacre. "Me comentó que había una partida para este fin", recuerda el alcalde. El Ayuntamiento pasará al Gobierno una factura cuyo importe es aún una incógnita.

La tarde del jueves se empezó a desescombrar, se instalaron cristales, plásticos o cartones en las ventanas y se apuntaló el inmueble número 1 de la plaza de la Cruz Verde, ante cuya fachada murieron las víctimas de ETA. Las nueve familias de este bloque y siete más del de la calle del Alamillo, 2, pasaron la noche fuera de sus hogares.

Fernando Macías, responsable del departamento municipal de edificación deficiente, asegura que los trabajos del inmueble de Alamillo estarán terminados mañana, domingo. "Faltan los cercos de las ventanas, que hemos tenido que encargar a un taller".

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Al bloque de Cruz Verde, 1, le queda al menos un mes. "Estamos reparando los daños de la explosión para que puedan volver los vecinos con garantías, pero seguramente el propietario deberá hacer reparaciones de otras deficiencias antiguas", explicó Macías.

Los servicios sociales de la Junta de Centro realojaron en hostales a un matrimonio con dos hijos de Alamillo y a una inquilina joven de la Cruz Verde. "El resto de los desalojados durmieron en casas de familiares", explicó la directora del centro, Pilar Artá. Dos vecinos acudieron a la institución con las facturas de los cristaleros en la mano. "Las hemos remitido al Ministerio del Interior".

La plaza de la Cruz Verde seguía ayer acordonada. Decenas de vecinos se acodaban en las vallas viendo a los obreros y maldiciendo a los terroristas. "Un mes más de retraso", comentaba el propietario de una bar que estaba en plena reforma. "No sé cuánto hemos perdido. Lo importante es que me pellizco la cara y sé que estoy viva", relataba la propietaria de la tienda de bicicletas Otero, situada en los bajos del inmueble más dañado.

La librería de viejo de la plaza estaba totalmente tapiada. "La dueña nos ha pedido que lo cerráramos herméticamente. Tiene muchos libros antiguos que podrían dañarse con el polvo", explicó Macías.

El propietario del bar Luarca lograba comunicarse en plena calle con el teléfono de un operario de la compañía que contemplaba desesperado los efectos del atentado. "Hemos pedido refuerzos porque a este paso no acabamos hasta el miércoles".

"Lo primero es acondicionar las casas para que vuelvan los inquilinos". Lo último, los caños de la fuente de Diana, de 1618, que el jueves se secaron.

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