La firma de Europa

HOY SE firma el Tratado de la Unión, un texto acordado el 11 de diciembre pasado en Maastricht por los jefes de Estado y de Gobierno de la CE, que reforma los tratados de Roma constitutivos en 1957 de la Comunidad Económica Europea, y que configura la estructura de la Unión Europea del futuro. El momento es trascendental: abre una vía que hasta hace apenas algunos meses parecía impensable. Europa, la Europa económica y política que ocupa una parte considerable de nuestro continente, se constituye alrededor de las ideas de libertad, democracia y economía de mercado. Cualquiera que hoy eche la vista atrás comprenderá la importancia del camino recorrido desde el fin de la II Guerra Mundial.El momento no es sencillo: se augura que para 1997 (justo después de una revisión del tratado prevista en 1996 y salvo que no exista acuerdo, en cuyo caso se aplazaría hasta 1999 como fecha límite) tendremos no sólo un espacio económico único, sino una moneda y una autoridad monetaria únicas. El proyecto es claramente innovador y ha suscitado pasión entre sus defensores y detractores; tanto que el Reino Unido -siguiendo su trayectoria de constantes restricciones ante los avances del proceso unitario- se ha reservado el derecho a no sumarse al sistema a la hora de la verdad hasta dentro de cinco años.

Ocurre también que la actual situación económica europea no facilita la convergencia de las economías de cada miembro, su puesta en común con niveles equiparables. Por ello ha sido tan importante que España haya logrado incorporar el principio de cohesión y solidaridad entre los miembros al nuevo tratado. De todos modos, los países europeos (y en concreto España) tienen que prestar un extraordinario esfuerzo para llegar a poder cumplir en 1997 los requisitos requeridos para la convergencia de sus economías (inflación, tipo de interés a largo plazo, déficit público, deuda pública y flotación del tipo de cambio en la banda estrecha) en condiciones que hagan posible las deseadas unidades económica y monetaria.

Por otra parte, desde el punto de vista político, descartada la idea de crear por el momento un solo Estado de Europa, el tratado que se firma hoy consagra el principio de establecer grandes áreas de política común, en cuestiones que afectan a la vida de cada ciudadano: derechos políticos, derechos sociales europeos, tratamiento global de cuestiones de policía y de judicatura. Si no se constituye un solo Estado, sí se establece un solo espacio para vivir.

Hacia fuera aparecen los elementos que más dudas plantean porque atañen directamente a los principios de soberanía de cada miembro: la adopción de una política exterior común y de un sistema de seguridad y defensa. La política exterior adolece de las dificultades propias del enfrentamiento de intereses nacionales, superables a nuestro modo de ver, pero necesitados de una visión generosa a largo plazo y de la confianza en las propias fuerzas, dos cuestiones que están aún ausentes de la filosofía comunitaria. Por lo que hace a la defensa, se trata de saber si la Unión Europea Occidental (UEO) va a ser capaz de convertirse en un instrumento autónomo, relacionado sin duda con la OTAN, pero no excesivamente sometido a la visión estratégica global que EE UU transmite a sus socios a través de la organización atlántica.

El momento tiene enorme importancia. Pero no sin ciertas complicaciones. Una de las innovaciones del tratado, el derecho de voto en las elecciones municipales para los ciudadanos de la Comunidad que residen en un país distinto del propio, puede exigir una reforma de la Constitución de algunos países. Francia se prepara para realizar un referéndum sobre el tema. En España, expertos constitucionalistas de prestigio estiman que sin reforma constitucional no se podrá conceder a los ciudadanos comunitarios el derecho a sufragio pasivo (posibilidad de ser elegido) en las elecciones municipales, según está estipulado en el tratado de Maastricht. Urge, pues, que se consulte al Tribunal Constitucional sobre ese tema en vez de perder el tiempo en deshojar la margarita. Lo importante es que, con el mínimo de complicaciones que sea posible, pero con estricto respeto a la letra y al espíritu de la Constitución, la legislación española y nuestra práctica electoral se adapten al tratado que hoy será firmado en Maastricht.