Exito autonómico

EL GOBIERNO y el Partido Popular han ultimado un pacto autonómico que aclara el horizonte político y el techo de competencias de las comunidades autónomas de vía lenta, es decir, aquellas que se rigen por el artículo 143 de la Constitución. Haber conseguido el acuerdo es ya de por sí un éxito, porque evidencia dos interesantes fenómenos políticos. Que la construcción del Estado, pese a las turbulencias de la vida política, sigue adelante, como ya demostró el reciente acuerdo sobre financiación autonómica. Y que socialistas y populares son capaces de archivar querellas cotidianas cuando se impone una necesidad de Estado. Ésta lo es.El pacto se propondrá hoy al resto de partidos parlamentarios. Izquierda Unida ya ha anunciado su oposición. Sería lamentable que ésta se basara únicamente en el hecho de no haber sido incluidos en la negociación previa. Tiene lógica que la negociación haya sido protagonizada por socialistas y populares, por cuanto estos partidos son los que ostentan responsabilidades de gobierno en las comunidades afectadas, aunque sería una lástima que el protagonismo no sólo fuera principal sino exclusivo. El pacto solventa técnicamente un problema, culmina el proceso del desarrollo autonómico español, pero no echa sobre él las siete llaves del Cid: mediante el mismo se consigue que las comunidades asuman determinadas competencias sin necesidad de retocar la Constitución. La transferencia de competencias se hará inicialmente por delegación de quien las posee, el Gobierno, y posteriormente se incorporarán a los estatutos respectivos. Esta. solución "demuestra que el desarrollo del modelo político no está globalmente, de momento, bloqueado por la Carta Magna, sino por las lecturas restrictivas que se hacen de ella, y rehúye una interpretación esclerotizada de la Constitución que podría llevar a un perpetuo debate sobre diminutos retoques constitucionales.

Lo que no resuelve el citado pacto, porque no era su objetivo, es el uso político de este marco autonómico. El Gobierno debe asumir plenamente lo que supone esta transferencia de competencias y reducir su propio aparato administrativo para evitar la dilapidación de esfuerzos y recursos mediante administraciones duplicadas. Las comunidades deben tener claro que el ejercicio de las competencias se lleva a cabo en el marco del Estado y que la legítima ambición autonómica de poder propio no excluye una necesaria coordinación política con el conjunto. Es lo que algunos tratadistas definen como federalismo cooperativo.