La respuesta a la regularizacion fiscal
El autor argumenta que el reciente proceso de regularización fiscal ha servido para poner de manifiesto la realidad de un cambio social subyacente en el comportamiento fiscal de los españoles. El mensaje emitido a través de esta experiencia es que los españoles quieren vivir en una sociedad democrática y justamente reglada, quieren cumplir con estás reglas y quieren un cumplimiento general de las mismas.
El proceso de regularización fiscal es todavía demasiado reciente para sacar conclusiones definitivas del mismo. Con toda seguridad, necesitaremos una perspectiva temporal mucho más amplia para evaluar su verdadero alcance y para entender las razones que han llevado a un afloramiento nada despreciable de base imponible. Aun así, creo que vale la pena avanzar una posible interpretación de los hechos, aunque sea provisional y sujeta a rectificación. Experiencias sociales como la acabada de vivir no abundan demasiado y es importante analizarlas. Lo que sigue es mi contribución, necesariamente parcial y subjetiva, a este análisis.Los hechos
Los datos provisionales referidos a todo el territorio español (es decir, incluyendo a las Haciendas forales) apuntan a que la base imponible directamente aflorada en todo el territorio español asciende a cerca de 1,25 billones de pesetas, cuando contabilizamos los pagarés canjeados por deuda especial (1,05 billones) y las declaraciones complementarias (200.000 millones). Ésta es una cifra que supera ampliamente las previsiones más optimistas; ahora bien, ¿es alta o baja?, ¿es mucho o poco el dinero aflorado?
Estas preguntas sólo pueden ser contestadas en térmirios relativos. Y el problema aquí es que nadie sabe qué volumen de dinero fiscalmente irregular existe en España, como tampoco se sabe el que existe en otros países. Es verdad que hay estudios sobre esta cuestión, pero están basados en supuestos que arrojan serias dudas sobre las estimaciones finales. Creo que una gran mayoría de economistas estamos de acuerdo en que estos estudios sirven más para saber cómo evoluciona el fraude que para Conocer su nivel. Así las cosas, un buen punto de referencia es el volumen de pagarés del Tesoro y de pagarés forales en manos del Público, que ascendía a 1',5 billones de pesetas. Es decir, se han canjeado alrededor de un 70% de los pagarés en manos del público y la base imponible total aflorada supone cerca de un 80% del total de pagarés.
Ustedes dirán que estos porcentajes quizás no sean los adecuados. Y llevan razón, porque además del colocado en pagarés existía otro dinero fiscalmente irregular. Pero también sería exagerado, e incierto, utilizar puntos de referencia simplemente imaginarios. Si no sabemos cuánto dinero negro existía en -España, tampoco podemos saber qué porcentaje del mismo ha sido regularizado. En estas circunstancias parece razonable medir el resultado de la regularización con respecto a un punto de referencia cierto, siempre y cuando se explicite la referencia que se está utilizando.
Incluso con estas reservas, mi valoración personal del resultado es francamente positiva, y dudo que esta valoración esté muy alejada de la opinión general. Además, debeiríamos tener en cuenta que las cifras anteriores se refieren solamente a la base imponible directamente aflorada. Es de esperar que quien ha hecho el esfuerzo de regularizar ahora va a declarar correctamente en el futuro para evitar la generación de nuevos patrimonios fiscalmente irregulares, particularmente en el contexto de la advertencia de que ésta iba a ser la última oportunidad.
Éstos son los hechos, pero
¿qué significan? Aun a riesgo de. equivocarme, creo que es importante avanzar una interpretación de esta experiencia. En mi opinión, la misma ha servido para poner de manifiesto la realidad de un cambio social subyacente, que lleva ya tiempo produciéndose en España, que afecta a todos los ámbitos de la vida y que tiene importantes implicaciones sobre las actuaciones de la Administración.
España está dando pasos muy significativos hacia la modernización, y la respuesta a la regularización fiscal debe ser interpretada como una manifestación más de este proceso, aunque una particularmente significativa. Esta respuesta implica un, cambio de comportamiento social demasiado sustancial para ser atribuido en exclusiva a las características técnicas de una determinada oferta tributaria o a la particular habilidad de un determínado Gobierno para presentar la cuestión. Estos factores pueden haber contribuido, pero por sí solos difícilmente pueden explicar la envergadura de esta respuesta.
En mi opinión, los ciudadanos españoles, desde su vertiente de contribuyentes, han emitido un mensaje que debe ser cuidadosamente interpretado: cada vez más, los españoles quieren vivir en una sociedad democrática y justamente reglada, quieren cumplir con estas reglas y quieren que el cumplimiento de las mismas sea absolutamente general. Las implicaciones de este mensaje son múltiples y afectan a diferentes ámbitos de nuestra realidad social, pero, por razones obvias, permítanme que me centre sólo en las de carácter fiscal.
Una sociedad democrática y justamente reglada quiere decir, entre otras cosas, una sociedad con normas tributarias colectivamente aceptadas. Nadie tiene la fórmula perfecta para saber, cómo ésta aceptación puede ser conseguida, pero parece razonable suponer que un marco legal tributario generado por el más amplio consenso posible, atento al interés general y estable en el tiempo, tiene más garantías de ser socialmente aceptado que otro impuesto por la fuerza, discriminatorio y, temporalmente, volátil.
Nuestras normas tributarlas han cambiado quizás demasiado en los últimos tiempos, aunque no debe olvidarse que desde 1978 España se halla inmersa en un ambicioso proyecto de renovación fiscal y que estos procesos acostumbran a necesitar de iteraciones múltiples antes de converger en el punto adecuado. Creo que estamos ya crea de este punto: falta poco para cerrar un marco legal tributario moderno, adaptado a nuestra realidad económica y homologado con los existentes en otros países europeos. A partir de ahí, la estabilidad debe ser un objetivo predominante. Las leyes tributarias, como el buen vino, cuanto más viejas, mejores.
Resultados
El resultado de la regularización sugiere que, en gran medida, los contribuyentes españoles comparfen esta opinión. Las normas tributarias que hoy tiene España ni son caprichosas ni van a cambiar sustancialínente en el futuro inmediato. Estas son las reglas del juego, como lo son también en otros países europeos, y en este juego deben participar todos los ciudadanos levantando la mano y pagando sus impuestos. Las muchas manos alzadas en el proceso de regularización me hacen pensar que la aceptación social de nuestros tributos comienza a ser una realidad.
Otro aspecto significativo al que también apunta el resultado de la regularización es el progresivo convencimiento de que una sociedad sin reglas es una sociedad ineficiente, a la que le costará progresar. En las junglas sociales, en las sociedades no transparentes, quienes prosperan son los que carecen de escrúpulos los que abusan de las lagunas legales y los que utilizan en su provecho, la inseguridad jurídica creada por la falta de reglas. Pero éste es un modelo de sociedad que está lastrado por demasiados costes sociales y al que, estoy convencido, la gran mayoría de españoles ha renunciado deforma definitiva.
El español no sólo ha comenzado a aceptar la necesidad social del actual marco tributario; quiere también cumplirlo. Así interpreto la amplitud de la respuesta a la regularización fiscal. Si no fuera así, si en el fondo no hubiera un convencimiento colectivo de que vivir en una sociedad moderna es vivir dentro de un marco legal en todas y cada una de las manifestaciones de la vida, dificilmente podría explicarse el volumen de la base aflorada. La mayor dificultad, a partir de enero de 1992, para eludir al fisco ha debido jugar un papel importante, pero, con toda seguridad, entre las razones últimas debe figurar también el rechazo creciente de los españoles a estar al margen de la ley. En un marco tributario forzado sobre la sociedad, poco transparente y con efectos más formales que reales, no cumplir con la norma puede incluso ser una. señal de prestigio. En un marco tributario como el hoy existente en España, no cumplir con la norma es creciente y mayoritariamente visto como una señal de insolidaridad y falta de civismo.
Naturalmente, a la altura de esta aceptación social debe encontrarse la utilización justa y eficaz de los recursos obtenidos a través del sistema tributario. Sin ella, los avances sustanciales observados en el comportamiento fiscal de los ciudadanos españoles no podrían perdurar ni consolidarse. Por ello, atender a las demandas sociales de unos servicios públicos de calidad y bien gestionados es un reto ineludible al que debe dar respuesta adecuada nuestro sector público.
Pero quizás la señal más relevante que yo extraería del resultado de la regularización fiscal es el deseo de la sociedad española de que el cumplimiento de las normas fiscales sea absolutamente general. Y ahí la señal la han dado no tanto quieries han regularizado como quienes, habiendo cumplido con sus obligaciones fiscales, han entendido y aceptado la necesidad de poner en práctica un proceso de regularización como el que se acaba de experimentar.
Ésta es una implicación fundamental que.no puede pasar inadvertida a la Administración tributaria. La aceptación social y política de la regularización y el éxito alcanzado deben comprometer a la Administración a asegurar un cumplimiento generalizado de las normas tributarias y a prestar un trato cualitativamente distinto a quienes cumplen.
Una mayor eficacia en la mejora de los niveles de cumplimiento fiscal supone una doble tarea para la Administración tributaria. Debe ser capaz de restaurar la legalidad violentada con la mayor contundencia posible y debe ser capaz también de reducir al máximo los costes de cumplimiento para aquellos que declaran adecuadamente sus impuestos. Una administración tributaria moderna se distingue por sus esfuerzos en esta doble dirección, entendiendo que hacer cumplir la ley y facilitar su cumplimiento constituye un servicio público que los ciudadanos inequívocamente demandan.
Con la experiencia de la regularización, la sociedad civil, el poder legislativo y la Administración han hecho posible un gran paso en la consolidación del sistema tributario; han demostrado, en definitiva, cómo se puede sintonizar en el proceso de diseño e implantación de las normas tributarias. Es de esperar que en el próximo futuro, y ante las mayores exigencias de eficacia en la gestión tributaria y en la gestión de los servicios públicos, esta sintonía continúe, se reafirme y convierta en irreversibles los importantes cambios sociales acabados de observar.
es secretario de Estado de Hacienda.
