El Gobierno vetará durante cinco años a las empresas condenadas por accidentes

El Gobierno pretende que las empresas condenadas por delitos relacionados con la seguridad en el trabajo no puedan firmar contratos con la Administración durante cinco años. Este veto será de tres años en el caso de las empresas sancionadas administrativamente por cometer infracciones muy graves que hayan causado daños a la salud de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo ha ultimado este mes un anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos Laborales, actualmente en estudio por el Consejo de Estado, que incluye estas penalizaciones y establece toda una nueva regulación en materia de seguridad.

"si la ley sale así nos quedamos sin constructores". Esta frase de José Luis Alonso, director adjunto de Seopan, entidad que agrupa a las principales constructoras, resume las críticas de la patronal del sector a un anteproyecto que, a su entender, ,abunda en la burocracia y supone un encarecimiento inútil por la creación de comités y más comités". Los empresarios también se quejan de que el texto precise enormemente sus obligaciones y apenas las del obrero.Los sindicatos, por contra, elogian el contenido del anteproyecto, que crea una serie de nuevas figuras con participación de los trabajadores para las cuestiones de seguridad e higiene, y aseguran que "va en serio".

Trabajo quiere que esta ley, prometida por los diversos gobiernos socialistas desde 1982, sea aprobada lo antes posible. Sus disposiciones incluyen también a los funcionarios públicos. El texto supone la adaptacíón a la normativa española de una directiva de la CE de 1990.

Una de las infracciones muy graves por las que podrán ser penalizadas las empresas, si el proyecto sale adelante tal y como está configurado, es no informar sobre los riesgos graves e inminentes para los trabajadores. Ésta es precisamente una de las críticas que han vertido los supervivientes del, derrumbe, la pasada semana, del hotel Bahía de Santander contra la empresa Ascan, encargada de su rehabilitación.

Dirigentes de UGT indicaron la pasada semana que estaban investigando "quiénes son los accionistas de esta empresa", una de las que más han facturado con el Gobierno cántabro.

Ascan (Asfaltos y Obras de Cantabria, SA) fue constituida el 22 de enero de 1986 con un capital de 120 millones de pesetas. Su presidente es Santiago Díaz, quien encabeza también el Consejo de Administración de Hormigones de Santander y es consejero de Hormigones Cántabros. Estas tres firmas comparten la mayoría de sus cargos directivos. El hotel Bahía es propiedad de la empresa Urbanizaciones y Construcciones Inmobiliarias, SA (Ucisa), en la que el mayor porcentaje lo poseen el empresario Armando Álvarez y la familia Ribalaygua, informa Jesús Delgado.

"Cantabria se inscribe en la expresión más sangrante de lo que es una sangría diaria". Gerardo de Gracia, secretario de salud laboral de la construcción de CC OO, recuerda así que, además del siniestro del Bahía, la construcción causa casi un muerto cada día laboral. Según datos de CC OO y UGT, en 1989 fallecieron en España 325 trabajadores en accidentes en el tajo, cifra que se elevó a 334 en 1990 y a 345 el año pasado.

Por otro lado, CC OO denuncia que las obras del 92 han costado en España la vida a 32 obreros, 12 de ellos en la Expo.