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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Seguridad ciudadana

Los abajo firmantes, estudiantes y personas relacionadas con el mundo del derecho en general, queremos expresar las siguientes consideraciones sobre la proyectada Ley de Seguridad Ciudadana:1. Su contenido es claramente incompatible con determinados derechos y libertades constitucionalmente reconocidos, y ya por este hecho se hace merecedora de nuestro rechazo.

2. Por si esto fuera poco, la proyectada ley no pretende simplemente endurecer la normativa penal sobre drogadicción, sino que persigue un cambio cualitativo en el reparto de funciones hasta ahora existente entre policía y jueces, creando una especie de jurisdicción policial que se sustrae al control judicial, y en la que una misma instancia es, a la vez, juez y parte. En nuestro Estado constitucional de derecho, la actividad del Ejecutivo está sujeta a las leyes, y, en consecuencia, sometida al control de la jurisdicción ordinaria (artículo 106 CE); esta protección del ciudadano frente a eventuales excesos de celo policiales es una conquista histórica que, hoy por hoy, sigue siendo casi tan necesaria como el primer día. No sería bueno que el proceso de democratización desarrollado hasta el momento sobre la base del consenso constitucional se viera interrumpido por este paso atrás en la conquista de las libertades cívicas.

3. Pero es que, además, es difícilmente compartible que la solución para problemas tan complejos y tan enraizados en la estructura socioeconómica como son la drogadicción y la inseguridad ciudadana consista en aplicar más mano dura. La vigente normativa penal es lo suficientemente estricta como para haber permitido acabar con estos problemas si en su mano hubiera estado. La ineficacia de las medidas represivas tomadas hasta el momento no demuestra que no son suficientemente duras, sino que ésta no es la vía adecuada para acabar con estos problemas.

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Por todo lo cual: solicitamos del Gobierno la retirada de la proyectada Ley de Seguridad Ciudadana y la apertura de un proceso de debate tanto en el Parlamento como en la sociedad sobre los fenómenos de la drogadicción y el narcotráfico.-

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