La policía centra en HB las investigaciones sobre el 'impuesto revolucionario'

El abogado Álvaro Reizabal, ex miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) y ex diputado autonómico de la coalición, fue detenido ayer de madrugada en su domicilio de San Sebastián por la Ertzaintza (policía autonómica). Reizabal está acusado de participar en la red de cobro del llamado impuesto revolucionario. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron por la mañana la sede de HB en Pamplona y requisaron máquinas de escribir. La coalición ha convocado el próximo lunes concentraciones de protesta ante las comisarías de la policía autonómica.

Esta red de recaudadores de ETA consiguió extorsionar presuntamente a una veintena de personas en Guipúzcoa, en su mayoría pequeños empresarios, que hicieron efectivo el pago en un aparcamiento de Amara, un barrio céntrico de San Sebastián. Las denuncias de algunas de las víctimas a través de terceras personas, según medios cercanos a los empresarios, permitieron a la Ertzantza seguir durante meses los pasos de los extorsionadores.A los cuatro detenidos el jueves como presuntos miembros de la red de "cobradores" de ETA -un responsable de publicidad del diario Egin, una redactor del diario Egunkaria, y dos miembros del sindicato LAB- se sumó ayer el abogado, Álvaro Reizabal, antiguo miembro de la Mesa Nacional de HB y ex parlamentarlo autonómico. La Ertzaintza detuvo a Reizabal a las cuatro de la madrugada en su domicilio de barrio residencial de Ayete, en San Sebastián.

Cinco horas después, agentes de policía registraban la sede de HB de Pamplona. Los policías mostraron un mandamiento del juez Bueren. Después de dos horas, los agentes requisaron cinco máquinas de escribir, según afirmaron miembros de la coalición, dos mariposas con distintos tipos de letra, folios de diversos tamaños y clases y sobres.

Los investigadores realizaron también una muestra de escritura con la impresora del sistema informático de la sede. El registro, muy minucioso, se desarrolló bajo la supervisión del juez Juan Manuel Fernández, titular del juzgado de instrucción número 1 de Pamplona.

La intervención en la sede de HB se debió, según fuentes policiales, a la sospecha de que algún detenido pudo preparar en este local comunicaciones relacionadas con el chantaje a empresarios. Carlos Apezteguía, el detenido en Pamplona, fue coordinador en Navarra de Jarrai, la organización juvenil de la coordinadora KAS, a la que pertenecen ETA y el sindicato LAB.

El chantaje conocido como impuesto revolucionario ha sido, junto a los secuestros de empresarios, la principal fuente de financiación de ETA. La presión policial en Francia acabó a finales de los ochenta con la impunidad con que se cobraba el producto del chantaje y ha obligado a desplazar la mayor parte de las operaciones a España.

El viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, José Manuel Martiarena, declaró ayer a Radio Nacional que el desplazamiento del cobro al interior de la comunidad vasca "significa que tienen ya tantas dificultades en Francia como aquí, y un comando, en vez de dedicarse a pegar tiros o poner bombas, se dedica a extorsionar. Martiarena añadió que la operación contra ETA sigue abierta y continuará al menos durante dos días. Las investigaciones se iniciaron hace 10 meses, según el consejero. Martiarena consideró el asunto "bastante complicado, porque todo el mundo trata de resolver su problema" y pidió comprensión hacia la situación de los extorsionados, pero también requirió colaboración de quienes puedan ser en el futuro víctimas del chantaje de ETA.

Investigación discreta

"Posiblemente esta actuación hará que el empresariado que no había cambiado de actitud en los últimos años tenga más confianza en una investigación policial que no arriesgue su seguridad", dijo el viceconsejero, "y puede llevar a una mayor colaboración que podría ponerle muy difícil a ETA este sistema de financiación".

Martiarena recomienda a las futuras víctimas "ir discretamente a la policía, a la parte alta de la policía, a las 15 o 20 personas de la Dirección General de la Ertzaintza", donde obtendrán asesoramiento. Martiarena expresó a la Cadena SER sus sospechas de que una red semejante a la descubierta en Guipúzcoa actúe en Vizcaya. También anunció que el consejero de Interior, Juan María Atutxa, ya ha solicitado una comparecencia en el Parlamento autónomo para explicar los permenores la operación.

HB convocó ayer concentraciones de protesta para el próximo lunes ante las comisarías de la Ertzaintza del País Vasco para expresar su rechazo a las detenciones. El anuncio fue hecho en Pamplona por los dirigentes de la Mesa Nacional Jon Idígoras, Floren Aoiz y Adolfo Araiz.

Los representantes de la coalición hicieron responsables al PNV y al Gobierno vasco de lo que calificaron como "nuevo y brutal intento de incriminar a HB con una ofensiva policial de acoso a nuestros militantes". HB "advirtió" al juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren que "está siendo instrumentalizado con actuaciones de carácter político y no judicial", y le hizo responsable de la integridad física de todos los detenidos.

El abogado Adolfo Araiz calificó de "nuevo allanamiento" el registro, mientras Idígoras afirmó que HB "no se va a quedar con los brazos cruzados ante estos asaltos y detenciones".

Por otro lado, la Guardia Civil detuvo ayer en Bilbao a Javier Gorostiza Lajariaga, de 52 años, por su presunta relación con el comando Vizcaya, según informó Radio Nacional.