Las disputas entre el Ayuntamiento y la Comunidad ponen en peligro sus consorcios

Los más moderados de ambas trincheras se limitan a admitir que socialistas y populares tienen intereses distintos. Pero ocho meses después de la aplastante victoria del PP en la capital, sólo las declaraciones institucionales hablan de entendimiento. Las malas relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se han puesto al descubierto allá donde tienen que gobernar codo con codo: en los consorcios, como el del transporte público o el de Madrid 92. "Al final siempre hay acuerdo porque nadie quiere asumir el coste político de mantener una actitud demasiado dura", dice un concejal del Partido Popular, "pero las patadas son continuas por debajo de la mesa".

Un consejero de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno preside el socialista Joaquín Leguina, asegura que las buenas relaciones de su jefe con el alcalde del PP son una pura pose para la foto. En las filas populares, sin embargo, aseguran que José María Alvarez del Manzano tiene en verdad un espíritu dialogante, pero en esas mismas filas también se asegura que el alcalde ya ha discutido más de una vez con Leguina. Una de ellas, por culpa del transporte público. Leguina amenazó con devolver la gestión del Metro al alcalde, y éste, con privatizarlo acto seguido. Ocho meses después de las elecciones municipales, el rosario de acusaciones mutuas es interminable. La reciente crisis del Consorcio Regional de Transportes, al anunciar el Ayuntamiento que se negaba a poner la totalidad de los 16.300 millones de pesetas que le correspondían, ha destapado la caja de los truenos, a pesar del acuerdo firmado finalmente por 13.300 millones. "Es un problema de prioridades", dice un concejal socialista. "A ellos les interesa menos el transporte público, los servicios sociales en general, y priorizan otros capítulos. Mi opinión personales que quieren cargarse los consorcios", señala este edil del PSOE.

Juan Barranco, portavoz so cialista en el Ayuntamiento, pierde los estribos hablando de ello: "Dicen que para el transporte público no hay dinero, pero para hacer túneles sí hay. Y se meten en el de Cristo Rey, que les cuesta 3.000 millones cuando nosotros lo habíamos proyectado y presupuestado en 900 millones".

Servicios sociales Los socialistas, tanto en la oposición municipal como en el Gobiemo regional, acusan a los populares de insensibilidad social. "Hay datos objetivos", dice Elena Vázquez, consejera de Integración Social. "Mi presupuesto es el 11% del total del presupuesto de la comunidad. El de los servicios sociales municipales es el 2,5%".

Los populares, por su parte, creen que aquéllos despliegan una gran capacidad de hipocresía y una indiscutible habilidad para poner a la opinión pública contra el Ayuntamiento en asuntos en los que tienen la misma o mayor responsabilidad. "En el tema del Consorcio de Transportes consiguieron crear el ambiente de que la subida de las tarifas o la falta de inversión era sólo culpa nuestra", dice un alto cargo del equipo municipal.

"No nos ha quedado más remedio que ceder. En el tema de Madrid 92 nos pasa otro tanto. Ellos tienen la mayoría y han realizado la programación, pero como ahora no gusta quieren desentenderse de ella y vender a la opinión pública que es sólo cosa nuestra".

En medio del huracán se alzan en tono conciliador las voces más institucionales. Luis María Huete, primer teniente de alcalde, y Jaime. Lissavetzky, portavoz del Gobierno regional, encabezaron el pasado lunes sendas delegaciones en una reunión anunciada como conciliadora y cuya cosecha sólo fue un largo enunciado de cuestiones para ser tratadas en conjunto en "grupos de trabajo a determinar para cada tema".

El concejal de Vivienda, Obras e Infraestructuras, Enrique Villoria, hace, incluso, una evaluación positiva de las disensiones. "Yo me pregunto: ¿es mejor o peor para el ciudadano que haya estas diferencias?", dice. "Pues seguramente es mejor, porque ambos lados están obligados a afinar más. Antes, en los consorcios, supongo que aquello era una mesa de amiguetes, y, como es lógico, en esa situación bajas la guardia".

Alberto Ruiz-Gallardón, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, también usa un tono conciliador. "Hay que tener una lealtad institucional y cualquier acuerdo es mejor que el desacuerdo. Pero es bueno que el ciudadano sepa cuál es la postura de cada cual".

Hay quien dice que los enfrentamientos fueron más duros en el pasado. "Recuerdo que tras la moción de censura", cuenta un concejal del PP, "Ana Tutor [entonces delegada del Gobierno] tenía una actitud completamente hostil hacia nosotros porque éramos los que habíamos usurpado el poder a sus compañeros". "Siempre he sido muy sensible a todo lo que se refiere al Ayuntamiento", responde a esto último Tutor, ahora en la oposición municipal. Meses después, Tutor se llevaba un disgusto cuando el alcalde inauguraba los nuevos recintos feriales de Ifema, arrebatando a Enrique Tierno Galván la paternidad del proyecto.

Ahora, con la legitimidad que otorga la mayoría absoluta, los populares se muestran ufanos y dispuestos a dar la batalla allá donde creen que deben darla. "Hasta ahora no hemos hecho más que recibir tortas", dice un concejal del PP. "Hay que saber reaccionar y emprender el contraataque; Madrid es el buque insignia del PP", concluye.