Los socialistas pactan matizaciones a la 'ley Corcuera' para satisfacer a CiU y al Defensor del Pueblo

El Grupo Socialista del Senado introducirá hoy, durante el debate en el Pleno de la Cámara alta, modificaciones de matiz en los dos artículos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, tras pactar enmiendas transaccionales con CiU y el PNV. Los socialistas ultimaron ayer las negociaciones con la Minoría Catalana. No obstante, a pesar de las modificaciones, tanto el Partido Popular como el CDS consideran que el texto sigue siendo inconstitucional. Por la mañana, José Luis Corcuera y Álvaro Gil-Robles llegaron a un acuerdo para plasmar una redacción del artículo 21 de la ley que evite la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

La oferta del grupo mayoritario para modificar la ley consiste en informar con periodicidad a la fiscalía de las retenciones efectuadas para identificación de ciudadanos, y en reforzar con el término "constancia" el "conocimiento fundado", exigido para legitimar la entrada policial en domicilios sin previo mandamiento del juez. Los portavoces del Grupo Socialista manifestaron su confianza en que las modificaciones satisfagan finalmente al Defensor del Pueblo.El titular de esta institución, Álvaro Gil-Roibles, había anunciado a finales de diciembre su disposición a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional si no se modifica el artículo 21. En virtud de la redacción actual de este artículo, la policía podrá penetrar sin orden del juez en una casa cuando tenga "conocimiento fundado" de que se está perpetrando un delito de narcotráfico.

Gil-Robles pidió un refuerzo del elemento, de convicción de la policía y apoyó la enmienda de la Minoría Catalana, que proponía sustituir "conocimiento fundado" por "evidencia". Interior rechazó la modificación porque consideró que reduciría la eficacia policial, aunque dio luz verde al PSOE para buscar una nueva fórmula capaz de satisfacer al grupo enmendante.

La modificación aceptada en el artículo 21 consiste en reforzar terminológicamente el "conocimiento fundado". Ahora se establece que, además, debe llevar a la policía "a la constancia" de que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito de narcotráfico. La introducción de este matiz, según el PSOE, aumenta las garantía del ciudadano y permitirá a los jueces afinar en su tarea de control de las actuaciones policiales.

Respecto al artículo 20, sobre traslado a dependencias policiales de los ciudadanos que no puedan ser identificados, los senadores del PSOE rechazan también, la enmienda de CiU, pero aceptan otro cambio pactado. La Minoría Catalana proponía comunicar de inmediato al juez cada retención realizada en aplicación de este artículo. La enmienda, según los ponentes socialistas, equipararía con la detención lo que no es sino "simple diligencia policial" de identificación, y desnaturalizaría el objeto de la ley.

La fórmula intermedia alcanzada para satisfacer a la Minoría Catalana consiste en obligar a Interior a remitir periódicamente "extracto de las diligencias de identificación al ministerio fiscal", en vez de informar al juez natural.

Acuerdo con el defensor

Por la mañana,José Luis Corcuera y Álvaro Gil Robles, llegaron a un acuerdo para plasmar una redacción del artículo 21 de la ley de Seguridad Ciudadana que evite la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de dicha institución. La fórmula pactada se cifra en que la policía registre domicilios sin mandato judicial cuando tengan "un conocimiento fundado" que lleve a la "constancia" de que se está realizando un delito de narcotráfico.

El término "constancia" es considerado en medios cercanos al Defensor del Pueblo como plenamente acorde con la Constitución y equivalentes de los términos más clásicos de la jurisprudencia española como evidencia o certeza.

El Defensor del Pueblo, en consecuencia, descarta acudir al Constitucional para solventar las serias inquietudes que le ofrecía este artículo de la ley previamente a esta modificación de última hora. La flexibilidad mostrada por el ministro del Interior in extremis ante el Defensor del Pueblo, de quien llegó a ironizar Corcuera que quizás había anunciado a la portera su intención de recurrir la ley, se produce tras una serie de contactos de Gil Robles en los últimos meses con el presidente del. Gobierno, Felipe González, y otros altos cargos del Gobierno.

Las gestiones de Gil Robles con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, han tenido como corolario que Corcuera admitiera ayer flexibilizar la redacción de la ley en este polémico punto con vistas a eliminar el riesgo más que probable de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor. En medios de esta institución no se ocultaba que un recurso siempre sería una mala solución ya que no impediría la aplicación de la ley hasta que se produjera el fallo del alto tribunal.

A pesar de las modificaciones introducidas en los artículos 20 y 21 el PP y el CDS siguen considerando inconstitucional la ley. El CDS, en una nota emitida ayer, manifiesta: "Son increíbles los esfuerzos del PSOE, CiU y PNV por separarse de lo que claramente establece la Constitución en su artículo 18.2, que deja bien claro que sólo el delito flagrante salva la falta de consentimiento del titular o la resolución judicial". "Se trata", añade la nota, "de reducir el, nivel de garantías que para los ciudadanos fija la Constitución".

El Grupo Popular considera que sigue siendo inconstitucional la ley. El portavoz del PP en el Senado, José, Miguel Ortí Bordás, se mostró "muy escéptico sobre las posibilidades de encaje de. esta fórmula con el texto constitucional y concluyó: "Si la ley que finalmente aprueben las cortes no se corresponde con los artículos 17 y 18 de la Constitución, recurriremos ante el Constitucional".