Un director general de la Comunidad simultanea durante dos meses dos cargos incompatibles

El director general de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, Enrique Zaragoza, ha simultaneado durante dos meses su cargo oficial con el de administrador único de la firma privada Promotora Madrileña de Centros Comerciales (Promacesa). La portavoz de economía del Partido Popular en la Asamblea, Carmen Álvarez-Arenas, asegura que Zaragoza ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades y debe dimitir".

Enrique Zaragoza, que sustituyó hace dos meses a Luis Arnaiz en la Dirección General de Comercio y Consumo, interpreta que no ha quebrantado la Ley de Incompatibilidades, que otorga "un plazo de dos meses posteriores a la toma de posesión en el cargo público para renunciar a las actividades privadas anteriores y hacerlo constar así en el registro mercantil"."Nada, más acceder al cargo, comunique a un notario mis actividades anteriores; el PP se ha precipitado en su denuncia, ya que el plazo termina precisamente hoy [por ayer] y ya todo está en orden", declaró ayer Zaragoza.

Promacesa tiene entre sus cometidos el asesorar a las pequeñas y medianas empresas sobre temas contables, fiscales y laborales.

La diputada Álvarez-Arenas considera que el director general de Comercio "debe dimitir" porque debió "inhibirse del cargo de administrador único nadas más ser nombrado director general". Álvarez-Arenas ha pedido que tanto Zaragoza como el consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, comparezcan ante la Asamblea para explicar por qué el primero ha simultaneado ambos cargos.

El consejero de Economía respaldó ayer a su director general y tachó de "jugada sucia e infundada" la denuncia del PP: "[Zaragoza] Ha actuado. de acuerdo con la ley. Sé a ciencia cierta", agregó el consejero, "que ha estado tramitando su incompatibilidad en el plazo previsto por la ley. Además, sé también que no ha desarrollado ninguna actividad en la otra empresa desde que ocupa la Dirección General de Comercio y Consumo", organismo que depende de la Consejería de Economía y Hacienda.

Zaragoza se ampara en el artículo 7 de la ley madrileña de incompatibilidades (aprobada en 1984 por la Asamblea autónoma) para subrayar que no ha quebrantado la legislación.

El artículo de la discordia dice: "Los titulares de los cargos a que el artículo 2 de la presente ley se refiere [enumera los cargos sometidos a incompatibilidad, entre ellos el de director general] deberán formular declaración, notarial de sus bienes, así como de las fuentes de sus ingresos de cualquier clase que éstos sean, dentro del plazo de los dos meses siguientes a la toma de posesión...". Por tanto, según el PP, este artículo se refiere al plazo para declarar los bienes, no para abandonar el cargo privado.

En opinión de la diputada Álvarez-Arenas, Zaragoza ha infringido el artículo 5 de esa ley, el cual establece: "Quienes desempeñen los cargos a que se refiere el artículo 2 de esta ley vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas y sociedades en cuya dirección o asesoramiento hubiesen tenido alguna parte ellos...".

"Es imposible que la ley permita a un cargo público simultanear, aunque sólo sea durante dos meses, una actividad privada con un cargo oficial que, además, es afín", sostiene la diputada Álvarez-Arenas, quien cuestiona: "Admitir esto sería admitir que el director de un gran banco, por ejemplo, que es nombrado ministro de Economía siguiera como tal durante los dos meses siguientes a su toma de posesión; políticamente es inadmisible", juzga la diputada del PP.

"Desde que fui nombrado director general no he tenido ningún tipo de relación con Promacesa ni, de hecho, he ejercido ningún tipo de actividad, ni tampoco he percibido ningún tipo de remuneración". "Es lógico" agrega Zaragoza, "que la ley dé dos meses para que gente que, como yo, procede de la empresa privada y se incorpora a la actividad pública, pueda tramitar su incompatibilidad. La renuncia a cargos privados también tiene sus trámites, hay un consejo de administración al que hay que comunicar el cese de actividades, y todo ello lleva un tiempo,, porque no se puede descabezar una empresa de un día para otro".

"El PP sólo quiere ensuciar"

El consejero de Economía aseguró ayer: "Si hay alguien que mete la pata, me parece correcto que se le exijan responsabilidades y se llegue hasta el final. Pero éste no es el caso. El PP sólo pretende ensuciar, hacer daño porque sí. Al llegar al cargo, sé que fue al notario para que le tramitara todo este asunto".

Sin embargo, Álvarez-Arenas sostiene que, independientemente de las diferencias de interpretación de la ley, "lo que no se puede consentir es que un un cargo público haya sido administrador único de una empresa vinculada a la actividad comercial y, a la vez, director general de Comercio y Consumo".