La nueva ley de arrendamientos fijara en cuatro años la duración mínima del alquiler

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene previsto incluir una nueva regulación de las viviendas de protección oficial (viviendas protegidas) en la futura ley de arrendamientos urbanos, según fuentes de la Administración. Esta ley, que supondrá la derogación del decreto Boyer, contemplará un marco legislativo para los nuevos alquileres, cuya duración mínima será de cuatro años. Sin embargo, no parece haber todavía consenso para actualizar las rentas congeladas y eliminar las subrogaciones.

El departamento que encabeza José Borrell ha decidido aprovechar el instrumento legal que le ofrece la nueva ley de arrendamientos urbanos para renovar y unificar todo lo relativo a las viviendas protegidas. Fuentes del MOPT señalan que esta medida tiene como objeto "reordenar y clarificar las innumerables disposiciones existentes sobre viviendas protegidas". Dentro del borrador que maneja el MOPT, que será estudiado por una comisión formada por representantes de diversas comunidades autónomas, incluye artículos destinados a eliminar trámites, establecer un control de calidad de las viviendas y flexibilizar las normas de construcción.La intención de esta norma sobre viviendas protegidas es, igualmente, agilizar y descentralizar la gestión y la inspección. Además, recalcan en el MOPT, "se pretende acabar con rigideces tales como que se preestablezca la colocación exacta de las habitaciones".

Un largo debate

Este bloque de medidas dedicadas a la vivienda protegida, no supone, sin embargo, más que una pieza en la futura ley de arrendamientos urbanos. El núcleo central lo constituye la reforma del mercado de alquileres. Esta reforma ya ha visitado varias veces la mesa del Consejo de ministros y volverá a hacerlo durante este mes.El nuevo texto articulado parece no tener problemas en lo que se refiere a los contratos que hay que efectuar de ahora en adelante, que en la práctica supone la derogación del decreto Boyer. La duración mínima de los nuevos contratos será de cuatro años, aunque también se ha barajado situar ese tope en tres y en cinco años. La actualización del precio del arrendamiento se realizará en función de la previsión del índice de Precios al Consumo (IPC). El escollo de la ley se encuentra en el tratamiento de los contratos en vigor, en especial los sujetos a rentas congeladas y subrogaciones. La complejidad de adoptar una medida de este calibre ha provocado que el propio Borrell pida un amplio consenso político. De hecho, fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que ni en el propio Gobierno hay una opinión homogénea acerca de cómo tratar las subrogaciones y, sobre todo, la actualización de las rentas congeladas.

En el primer punto, las subrogaciones, la tesis más respaldada es que sólo subsista entre el matrimonio y que se supriman las posteriores (hijos, nietos).

Cómo actualizar las rentas congeladas es el verdadero campo de batalla en el que se enfrentan dos ideas: actualizar los alquileres a precios de mercado de una forma rápida y tajante, o realizar esa actualización en un periodo de 10 a 15 años de manera escalonada y con unos baremos (IPC, valor catastral) previamente definidos.

En cualquier caso, lo que sí está previsto es preservar un conjunto de excepciones, tales como jubilados o parados a los que se permitiría conservar su régimen de alquiler. Igualmente, también parece claro que la actualización de los locales comerciales se realizará por una entrada rápida a precios de mercado.

Otra de las novedades que presentará la nueva ley de arrendamientos urbanos será la de agilizar los trámites de desalojo de clientes morosos, extremo que ultima el Ministerio de Justicia.

La intención del Ejecutivo es definir un texto articulado lo antes posible y llevarlo al Parlamento, para allí definir sus límites. Si hay consenso se revisará todo el mercado del alquiler. Si no lo hay, la nueva ley no modificará los contratos indefinidos y de rentas congeladas.

Por otra parte, y una vez culminado el Plan de Vivienda 1992-1995 y definidas las líneas maestras de la ley de arrendamientos urbanos, el MOPT presentará un anteproyecto de ley de garantías de edificación y un programa de apoyo a la industrialización de la construcción.

El anteproyecto de ley de garantías de edificación se centrará en definir una serie de requisitos en la construcción que garanticen los derechos del adquiriente de la vivienda. Normas de este estilo ya existen en algunas comunidades, con lo que el anteproyecto tratará de armonizarlas.

El programa de apoyo a la industrialización de la construcción estará coordinado con el Ministerio de Industria. Consistirá en la profundización en el estudio de nuevas técnicas, el desarrollo de programas I+D y experiencias piloto.